Pero es más que eso. Es una forma de vida que aprueba la coima como medio principal de enriquecimiento de los gobernantes. La política criolla es el arte del manotazo al botín estatal. No en balde la gente sueña con conseguir un cargo público. Según el Banco Mundial, la corrupción generalizada tiene un alto costo para la economía, equivalente a una carga tributaria del 20% sobre la renta o más, lo cual frena la inversión, destruye empresas y crea desempleo.
El estatismo alienta la corrupción imponiendo trabas y barreras al comercio, el trabajo y la producción. Conseguir autorización para abrir una empresa o cerrarla, contratar personal o despedirlo, exportar e importar, registrar un automóvil y comprar o vender dentro de la legalidad es tan difícil y oneroso que lo más sensato suele ser pagar coimas a funcionarios.
La clasificación de transparencia y libertad económica de Cadal para América Latina ubica a Paraguay en el puesto 21, de un total de 23 países. Sufrimos mayor corrupción y menor libertad económica que Cuba. Peor aún: el país es parte del proteccionista Mercosur, un bloque que tiene la mitad de las libertades y el doble de la corrupción que otros bloques como el Nafta y la UE.
Pero la corrupción no opera en el vacío, se ampara en el propio sistema legal. La Constitución exige que los empleados públicos realicen declaración jurada de bienes al comenzar y terminar sus funciones. La reglamentación de esa disposición, sin embargo, nunca permitió detectar enriquecimiento ilícito, aunque esté a simple vista.
Nuevas normas favorables a la corrupción se inventan todos los días, como el presupuesto "paralelo" del Banco Central, que autoriza el manejo discrecional de las reservas del país, o la supuesta inmunidad de los entes binacionales que conforman "terceros estados", fuera del alcance de los organismos contralores. Los gobernantes disponen sin rendir cuentas de grandes sumas para supuesta "ayuda social" y para sobornos a líderes sindicales y campesinos.La más reciente innovación es el sistema tributario. La reforma fiscal, apoyada por políticos y empresarios como una herramienta para vencer la generalizada informalidad y corrupción, establece sin embargo normas que promoverán el contrabando, el lavado de dinero, el narcotráfico y la corrupción. En adelante, los corruptos podrán poseer y disponer libremente de sus cuentas bancarias (secretas) en Suiza, Isla Caimán y demás paraísos fiscales.
El impuesto a la renta personal (IRP), que obliga a los contribuyentes a presentar cada año una declaración jurada de su patrimonio con el fin de detectar un posible enriquecimiento ilícito, extrañamente no incluirá los bienes y depósitos en el extranjero. Los sobornos ya no serán en efectivo, sino en depósitos en cuentas en el exterior, cuya renta podrá girarse al país sin justificar su origen o pagar impuestos. Los capitales también podrán repatriarse. Ni Mobutu de Zaire lo haría mejor.
Lo más bochornoso es que el impuesto a la renta personal se impulsa para "combatir la corrupción e informalidad". El resultado será totalmente opuesto. Las grandes residencias ya no se construirán en el país, sino en el extranjero. En un país ávido de capitales, estos emigrarán al exterior para favorecer el desarrollo de otras naciones, penalizando a quienes invierten y producen acá.
La corrupción es un problema complejo y está profundamente arraigado en Paraguay. Su solución, sin embargo, es sencilla: sólo se requiere liberalizar la economía, bajar los impuestos y erradicar el estatismo, que es su caldo de cultivo. Los países menos corruptos son los menos estatistas. La gran moralizadora de los pueblos es la libertad económica.
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Porfirio Cristaldo Ayala, corresponsal de AIPE en Uruguay y presidente del Foro Libertario.