Es cierto que, si alguna vez hubo voluntad de reeducar a los que delinquen, hace mucho que, debido a la masificación y a la complejidad de una población penal que suele venir de la marginación, la mayoría de las cárceles se limita a cumplir la función de mantener recluidos a individuos que pueden hacer daño a la sociedad. A fin de cuentas, es válido argumentar que, además del alto costo que supone para la sociedad mantener el sistema penitenciario, los ciudadanos no están obligados a redimir a quienes violan las leyes y no respetan el código de convivencia cívica.
Ahora bien, lo que sí tienen que garantizar los Estados es que en los presidios se defienda la integridad física de los reclusos. Un derecho fundamental que en muchos países de Latinoamérica se pasa por alto. Por eso no debe causar extrañeza la muerte de más de 355 reos en Camayagua, en lo que ha resultado el peor desastre penitenciario de la historia.
Todos los relatos que han salido a la luz dejan al descubierto las terribles condiciones en que malvivían los presos, en un reducido espacio con capacidad para 400 hombres que llegó a albergar a más de 800. Además, en el momento en el que se desató el incendio, por causas aún desconocidas, sólo había 11 guardias de servicio. Es evidente que estaban abocados al desastre. Lo raro es que no ocurriera antes.
Sin el menor rigor en la intendencia y sin controles de inspección que certificaran un mínimo de seguridad, cuando comenzó a arder uno de los módulos del centro los celadores se limitaron a huir, sin detenerse a abrir los portones. A la espera de una ayuda que llegó demasiado tarde, los reos murieron como animales enjaulados en una pavorosa escena de impotencia y pánico.
Después del escándalo internacional que ha provocado este triste suceso, el gobierno de Porfirio Lobo ha abierto una investigación para llegar hasta el fondo del asunto y castigar a los presuntos responsables de una negligencia criminal. No obstante, no son enteramente culpables del horror los cancerberos que dejaron atrás a las víctimas. Cabe esperar que un personal tan mal equipado y compuesto de una docena de empleados también sienta temor de morir aplastado por una avalancha descontrolada. Lo que no es aceptable es que las autoridades permitan que la vigilancia de una prisión abarrotada y con altos niveles de violencia esté a cargo de unos pocos vigilantes sin preparación ni recursos para llevar a cabo una evacuación de emergencia.
Todos los días llegan informaciones terribles de las cárceles en Guatemala, Venezuela, México o Brasil, donde los presidiarios sobreviven apilados y en condiciones infrahumanas. En esos lugares dejados de la mano de Dios la vida vale lo que cuesta un poco de droga, una caja de cigarrillos o un plato caliente de comida. En el orden de las flagrantes violaciones a los derechos humanos que todavía se cometen en muchas partes del continente, la miseria y el abandono en el que viven sumidos los reclusos deberían ser motivo de preocupación.
En países donde hay niños indigentes en las calles, donde es frecuente el maltrato a las mujeres y en muchas ocasiones la sociedad teme a las fuerzas del orden tanto como a los criminales que roban y matan, los presos comunes constituyen el escalón más bajo en una cadena de abusos sistemáticos que condena a la gente a vivir en un estado de vulnerabilidad permanente.
Ojalá que la tragedia de la cárcel de Comayagua sirva para que los gobiernos latinoamericanos se aseguren de que hasta aquellos que han cometido los crímenes más viles tengan derechos que garanticen su dignidad. Es posible que no puedan aspirar a la reinserción, pero lo que no tiene perdón es que su castigo incluya ser carne de cañón y pasto de las llamas.