En este país, que no tiene disputas fronterizas –y sí, en cambio, numerosos forajidos del mundo entero viviendo a sus anchas–, los uniformados deberían hacer algo más que reprimir manifestaciones pacíficas. Deberían, al menos, para justificar galones e ingresos, lanzarse al ruedo y echar una mano al ciudadano indefenso que cada día se juega la vida al salir de casa.
Lo hemos dicho hasta el cansancio. Esta situación de desamparo que vivimos los venezolanos está fríamente calculada. Ese desamparo no lo sufre el funcionario: lo sufre el ciudadano. Está pensado para colocar en fuga las "ínfulas reivindicativas" que nos llevan a la queja y la protesta. Es para conseguir la desmoralización de las gentes. Para que los desmanes no tengan respuesta. Para que el venezolano deba ocuparse de sobrevivir a la delincuencia y no reclame sus derechos al gobierno.
El terror de Estado es muy evidente, se le ve la oreja muy fácilmente, y esas costuras de fuera no las compra la galería internacional. Eso sería como muy descarado. En la ruta del engaño y la simulación, es más digerible que el terror venga de las calles, donde la responsabilidad se diluye entre las balas perdidas y los ajustes de cuentas. Para cuando el grito de dolor de las familias en duelo llegue desde la morgue hasta el palacio presidencial de Miraflores, ya los operativos Caracas Segura habrán lavado las manos de la rumba de Pilatos que gobiernan este país.
Debemos darnos cuenta de la intencionalidad que subyace a la impunidad que tiene Caracas bajo asedio. Los ciudadanos son atacados; los funcionarios, protegidos. El venezolano está a merced de los criminales, mientras los funcionarios del gobierno andan escoltados. Eso configura un esquema de dominación a través del terror. Es un apartheid que permite a los de arriba tomarse su tiempo. Por eso no se ocupan de la seguridad pública ni de encerrar a los asesinos y secuestradores.
El desamparo ciudadano no está en la agenda para el ministro del Interior, ni es tema de discurso para el presidente. ¿Qué extraña complicidad existe entre el crimen y el gobierno que ampara esta impunidad? ¿Cómo es esto de hacerse los desentendidos cuando el parte de guerra semanal asciende a 50 muertos por semana? ¿Quiénes son los que, en verdad, aprietan los gatillos?
Tenemos que preguntarnos qué es lo que hay detrás del fuego que abrasa Caracas, porque a lo mejor no es el hampa común, ni las FARC, ni siquiera tanto policía devenido en cuatrero que anda de su cuenta. Ese fuego se genera en las alturas de un poder que lo atiza porque calcula que, por ahora, no alcanzará su rabo de paja.
© AIPE
MACKY ARENAS, periodista venezolana.
Lo hemos dicho hasta el cansancio. Esta situación de desamparo que vivimos los venezolanos está fríamente calculada. Ese desamparo no lo sufre el funcionario: lo sufre el ciudadano. Está pensado para colocar en fuga las "ínfulas reivindicativas" que nos llevan a la queja y la protesta. Es para conseguir la desmoralización de las gentes. Para que los desmanes no tengan respuesta. Para que el venezolano deba ocuparse de sobrevivir a la delincuencia y no reclame sus derechos al gobierno.
El terror de Estado es muy evidente, se le ve la oreja muy fácilmente, y esas costuras de fuera no las compra la galería internacional. Eso sería como muy descarado. En la ruta del engaño y la simulación, es más digerible que el terror venga de las calles, donde la responsabilidad se diluye entre las balas perdidas y los ajustes de cuentas. Para cuando el grito de dolor de las familias en duelo llegue desde la morgue hasta el palacio presidencial de Miraflores, ya los operativos Caracas Segura habrán lavado las manos de la rumba de Pilatos que gobiernan este país.
Debemos darnos cuenta de la intencionalidad que subyace a la impunidad que tiene Caracas bajo asedio. Los ciudadanos son atacados; los funcionarios, protegidos. El venezolano está a merced de los criminales, mientras los funcionarios del gobierno andan escoltados. Eso configura un esquema de dominación a través del terror. Es un apartheid que permite a los de arriba tomarse su tiempo. Por eso no se ocupan de la seguridad pública ni de encerrar a los asesinos y secuestradores.
El desamparo ciudadano no está en la agenda para el ministro del Interior, ni es tema de discurso para el presidente. ¿Qué extraña complicidad existe entre el crimen y el gobierno que ampara esta impunidad? ¿Cómo es esto de hacerse los desentendidos cuando el parte de guerra semanal asciende a 50 muertos por semana? ¿Quiénes son los que, en verdad, aprietan los gatillos?
Tenemos que preguntarnos qué es lo que hay detrás del fuego que abrasa Caracas, porque a lo mejor no es el hampa común, ni las FARC, ni siquiera tanto policía devenido en cuatrero que anda de su cuenta. Ese fuego se genera en las alturas de un poder que lo atiza porque calcula que, por ahora, no alcanzará su rabo de paja.
© AIPE
MACKY ARENAS, periodista venezolana.