La indemnización universal conviene a los trabajadores por varias razones. Primero, porque ganarán más, ya que no incurrirán en pérdida alguna al renunciar a su empleo. Segundo, porque podrán cambiar a uno mejor remunerado sin incurrir en el alto coste de perder la indemnización por retirarse voluntariamente. Tercero, porque resultará en una más eficiente asignación del capital humano y, consecuentemente, aumentará la productividad del país entero. Cuarto, porque habrá menos conflictos laborales. Quinto, porque habrá menos renuencia a emplear y más demanda, más empleo: consecuentemente, los trabajadores ganarán más. Sexto, porque se elimina la causa de los principales conflictos laborales.
Como la Constitución prohíbe que haya leyes con efecto retroactivo, la indemnización universal debe referirse al tiempo trabajado de hoy en adelante y no puede aplicarse retroactivamente al trabajado anteriormente, lo cual desestabilizaría a muchas empresas, ya que habría una corrida de trabajadores, ante la oportunidad de ponerle la mano encima a un dinero imprevisto. Es decir, la indemnización por el tiempo trabajado a la fecha de vigencia de la reforma debe seguir sujeta a las leyes que la han regido, y su monto, congelado para cuando deba ser pagado. Con el tiempo, el sistema contingente irá desapareciendo, y quedará en vigor sólo la nueva disposición.
La indemnización universal debe calcularse sobre lo realmente devengado cada año o, lo que es lo mismo, sobre el promedio de lo devengado durante el tiempo trabajado. El monto será menor, pero será certero, y los salarios serán más altos. De lo contrario, no se elimina el incentivo perverso para no aumentar los salarios, con todos sus efectos dañinos para el trabajador y la economía.
Un día me dijo un patrón cínico: "Tenemos a los trabajadores cautivos, pues han perdido su poder de regateo para que les aumenten sus salarios, ya que, siendo buenos trabajadores con bastante tiempo trabajado en la empresa, habrán acumulado una importante suma, que perderían si se van voluntariamente". Cualquier aumento salarial incrementa el pasivo laboral de la empresa en forma desproporcionada porque se multiplica por el número de años trabajados. Todo ello es un fuerte y perverso incentivo para no aumentar los salarios. El patrón ya sabe que el trabajador es consciente del costo de irse. Ante la perspectiva de que no le aumenten el sueldo aunque lo merezca, el trabajador confronta la siguiente disyuntiva: o portarse mal para que su patrón prefiera despedirlo, aun con el costo de pagar la indemnización, o perder su indemnización, yéndose voluntariamente, para aprovechar una mejor oportunidad. Como los trabajadores son renuentes a aprovechar otras buenas oportunidades debido al alto costo de abandonar su empleo voluntariamente, no están prestando sus servicios donde su aporte a la comunidad tiene mayor valor, con el resultado de que la productividad colectiva del trabajo es bastante menor que la óptima posible. Esa merma de productividad se refleja en alguna medida en unos mayores precios de todo lo que compran, con lo que se reducen aún más sus salarios reales, es decir, su poder de compra.
Las empresas deben aceptar el costo de la reforma, que estará más que compensada por la mejora de su competitividad y la ampliación de sus mercados.
La indemnización contingente ha tenido un altísimo costo para los trabajadores, pues a cambio de una efímera seguridad en el empleo sus ingresos mermaron durante décadas. Ya es hora de liberarlos. Adelante, diputados.
© AIPE