Zelaya pretendía violentar la Constitución haciendo un referéndum sobre la posible convocatoria, en noviembre, de una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, al objeto de permitirle la reelección. Pero la Constitución hondureña no solo prohíbe la reelección del presidente, sino que además sanciona con la pérdida del cargo a quien proponga la eliminación de esa prohibición (artículo 239).
Así las cosas, el referéndum era ilegal desde su concepción, y así se lo hizo saber el Tribunal Supremo Electoral al presidente Zelaya, quien decidió proseguir de todos modos. Lo llamó "encuesta" en lugar de referéndum y pretendía que lo hiciera el Instituto Nacional de Estadísticas, controlado por el Ejecutivo, entidad a la que no corresponde una consulta popular como esa. Pretendía hacerlo de tal manera que las Fuerzas Armadas colaboraran en ello, y cuando el jefe de éstas, Romeo Vásquez Velásquez, se negó, por tratarse de un acto inconstitucional, Zelaya decidió destituirlo. El ministro de Defensa, Edmundo Orellana, renunció en protesta, y lo hicieron también los jefes de las tres ramas militares: la naval, la fuerza aérea y el ejército.
Entonces, Vásquez recurrió a la Corte Suprema, y ésta resolvió de forma unánime (5-0) declarar nula la destitución y restituir a Vásquez.
Zelaya decidió proseguir de todas maneras, contra la orden de los organismos de justicia competentes. La llamada encuesta tendría lugar el domingo 28 de junio. Ante ese evidente rompimiento del orden constitucional, el fiscal general, Luis Rubí, ordenó a las fiscalías acudir ese día a los centros de votación ilegales para tomar evidencia del delito. Así se hizo. Paralelamente, la Corte Suprema dio orden a las Fuerzas Armadas de que detuvieran al presidente. Zelaya fue detenido y puesto en un avión hacia San José de Costa Rica.
En una república gobiernan la Constitución y las leyes, no los hombres. Ningún hombre, ni siquiera el presidente en funciones, está por encima de la Constitución y las leyes. Cualquier acto de insubordinación contra el orden constitucional establecido es en sí un golpe de estado. Fue Zelaya quien intentó violentar el orden constitucional.
Ante esto, ¿qué debían hacer las demás autoridades del país (Órgano Judicial, Ministerio Público, Tribunal Supremo Electoral y Fuerzas Armadas)? ¿Debían quedarse de brazos cruzados viendo cómo el presidente violentaba la Constitución? ¿No es acaso el deber de todo ciudadano (y, con mayor razón, el de los ciudadanos investidos con funciones de guarda de la Constitución y las leyes) usar los medios a su alcance para proteger la Constitución y las leyes?
A mi modo de ver, la Corte, el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General y los demás fiscales bajo su mando, al igual que las Fuerzas Armadas hondureñas, actuaron cívicamente para proteger la Constitución. Actuaron con valentía para proteger a su república del intento golpista del presidente Manuel Zelaya. Sin embargo, veo con tristeza cómo todos los gobiernos del mundo corren a condenar dichas actuaciones y, en cambio, respaldan al golpista. Y se nota el contraste con el trato dado a la dictadura cubana, que acaba de ser restituida a la OEA, organización que ahora condena la remoción del presidente Zelaya.
En América Latina tenemos una larga tradición de gobernantes que pretenden perpetuarse en el poder mediante maniobras de toda clase. Los hondureños se hartaron de esto hace décadas, y por eso incluyeron en la Constitución de 1982 la cláusula que prohíbe la reelección presidencial y sanciona con la remoción inmediata del cargo a quien ose proponer siquiera la reforma de dicha cláusula. Lo que debe defenderse es el mantenimiento del Estado de Derecho y no al usurpador.
© AIPE
JAIME RAÚL MOLINA, analista panameño.
Así las cosas, el referéndum era ilegal desde su concepción, y así se lo hizo saber el Tribunal Supremo Electoral al presidente Zelaya, quien decidió proseguir de todos modos. Lo llamó "encuesta" en lugar de referéndum y pretendía que lo hiciera el Instituto Nacional de Estadísticas, controlado por el Ejecutivo, entidad a la que no corresponde una consulta popular como esa. Pretendía hacerlo de tal manera que las Fuerzas Armadas colaboraran en ello, y cuando el jefe de éstas, Romeo Vásquez Velásquez, se negó, por tratarse de un acto inconstitucional, Zelaya decidió destituirlo. El ministro de Defensa, Edmundo Orellana, renunció en protesta, y lo hicieron también los jefes de las tres ramas militares: la naval, la fuerza aérea y el ejército.
Entonces, Vásquez recurrió a la Corte Suprema, y ésta resolvió de forma unánime (5-0) declarar nula la destitución y restituir a Vásquez.
Zelaya decidió proseguir de todas maneras, contra la orden de los organismos de justicia competentes. La llamada encuesta tendría lugar el domingo 28 de junio. Ante ese evidente rompimiento del orden constitucional, el fiscal general, Luis Rubí, ordenó a las fiscalías acudir ese día a los centros de votación ilegales para tomar evidencia del delito. Así se hizo. Paralelamente, la Corte Suprema dio orden a las Fuerzas Armadas de que detuvieran al presidente. Zelaya fue detenido y puesto en un avión hacia San José de Costa Rica.
En una república gobiernan la Constitución y las leyes, no los hombres. Ningún hombre, ni siquiera el presidente en funciones, está por encima de la Constitución y las leyes. Cualquier acto de insubordinación contra el orden constitucional establecido es en sí un golpe de estado. Fue Zelaya quien intentó violentar el orden constitucional.Ante esto, ¿qué debían hacer las demás autoridades del país (Órgano Judicial, Ministerio Público, Tribunal Supremo Electoral y Fuerzas Armadas)? ¿Debían quedarse de brazos cruzados viendo cómo el presidente violentaba la Constitución? ¿No es acaso el deber de todo ciudadano (y, con mayor razón, el de los ciudadanos investidos con funciones de guarda de la Constitución y las leyes) usar los medios a su alcance para proteger la Constitución y las leyes?
A mi modo de ver, la Corte, el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General y los demás fiscales bajo su mando, al igual que las Fuerzas Armadas hondureñas, actuaron cívicamente para proteger la Constitución. Actuaron con valentía para proteger a su república del intento golpista del presidente Manuel Zelaya. Sin embargo, veo con tristeza cómo todos los gobiernos del mundo corren a condenar dichas actuaciones y, en cambio, respaldan al golpista. Y se nota el contraste con el trato dado a la dictadura cubana, que acaba de ser restituida a la OEA, organización que ahora condena la remoción del presidente Zelaya.
En América Latina tenemos una larga tradición de gobernantes que pretenden perpetuarse en el poder mediante maniobras de toda clase. Los hondureños se hartaron de esto hace décadas, y por eso incluyeron en la Constitución de 1982 la cláusula que prohíbe la reelección presidencial y sanciona con la remoción inmediata del cargo a quien ose proponer siquiera la reforma de dicha cláusula. Lo que debe defenderse es el mantenimiento del Estado de Derecho y no al usurpador.
© AIPE
JAIME RAÚL MOLINA, analista panameño.