Borges opinaba que los peronistas no eran buenos ni malos sino incorregibles. Tenía razón. Este episodio lo demuestra.
Al Gobierno de Cristina Fernández le es políticamente rentable mostrarse duro contra "la arrogante empresa extranjera que se llevaba los beneficios y dilapidada los recursos nacionales". Ése es un discurso que los argentinos vienen escuchando desde hace setenta años, y la mayor parte se lo cree. Trae votos y genera simpatías. Incluso tiene algunos partidarios en España. A los comunistas españoles les parece muy bien que el Estado nacionalice y estatice las empresas. Es una cuestión de principios.
Algunos políticos y funcionarios argentinos han advertido en un tono amenazante, deliberadamente ambiguo, que en el país hay otras grandes empresas españolas que pueden resultar perjudicadas por la posición que adopte el Gobierno Rajoy. Entre las compañías rehenes están Telefónica y los bancos Santander y Bilbao Vizcaya. O Madrid se porta bien con Buenos Aires, o ellas pagan la estatización de Repsol. Es muy fácil presionarlas. Basta una pinza entre el acoso sindical y los inspectores fiscales para que cunda el pánico.
Pero hay más. Queda la posibilidad de solicitar a Repsol miles de millones de dólares por daños ecológicos. Si en Ecuador, pese a los acuerdos firmados hace veinte años para poner fin a cualquier litigio, un juez local condenó a Chevron a pagar 6.300 millones de euros, o 13.600 si no se disculpaba, es muy probable que a Repsol le impongan una multa mucho más severa. En Ecuador, 30.000 firmas acompañaron la querella. En Argentina, a doña Cristina le será muy fácil recoger un millón. El ambientalismo antiempresarial tiene muchos adeptos en el país. Es muy popular.
Nadie debe sorprenderse de este episodio. En Argentina los derechos de propiedad son muy frágiles. Si el Gobierno es capaz de robarse los ahorros de sus propios ciudadanos, como sucedió con el famoso corralito, o de saquear las cajas de jubilación y continuar ganando elecciones, ¿cómo puede nadie extrañarse de que una empresa extranjera sea despojada de sus activos ilegalmente si le conviene al mandatario de turno? Los clásicos lo decían con un tonillo barroco: "El que con infante pernocta, escarmentado alborea". O sea, lo orinan.
Cuando vino el periodo de privatizaciones en Argentina, en torno al año 1990, algunas empresas extranjeras se beneficiaron del clima de corrupción en que se llevaron a cabo. Así se hicieron grandes fortunas por encima y por debajo de la mesa. Precedente que convierte en hipocresía cualquier invocación actual del Estado de Derecho. Argentina no es Suecia. Nunca lo fue. Eso se sabía.
Hay dos lecciones relacionadas con el derecho que pueden aprenderse de todo esto. La primera es que resulta enormemente riesgoso invertir donde no existe seguridad jurídica. La ganancia fácil de hoy se convierte en una pérdida colosal cuando cambian las tornas. Tiene mucho más sentido competir en el difícil Primer Mundo, con reglas claras y árbitros imparciales, aunque la tasa de beneficios sea menor, que llevar los ahorros a donde, de la noche a la mañana, todo el esfuerzo empresarial desaparece por la venalidad o la conveniencia de los políticos.
La segunda lección es que si nos dan alguna ventaja injusta para entrar en un mercado (y no me refiero a Repsol, pues supongo a sus gestores rectitud y transparencia), esa facilidad que hoy disfrutamos mañana la tendrá otro que, gracias a sus conexiones, también nos desplazará injustamente. Aquella frase de Groucho Marx con la que expresaba su decisión de no pertenecer a ninguna asociación o club tan degradado que fuera capaz de aceptarlo puede aplicarse al mundo empresarial: no vale la pena ganar hoy haciendo trampas de la mano del Gobierno: mañana nos tocará perder del mismo modo. El que a trampa mata, a trampa muere.