Cuesta entender por qué el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) tuvo que llegar a este punto de casi suicidio político para atender el principal reclamo de los pueblos indígenas que anteriormente decía defender. El problema de fondo, en mi opinión, es la profunda divergencia entre gobierno y pueblos indígenas sobre quién puede reivindicar esas tierras. Los pueblos indígenas sostienen que ellos, por habitarlas desde tiempos precoloniales.
Los que dirigen el MAS y gobiernan el país tienen posiciones que difieren profundamente de esta visión. Sucesivas declaraciones del vicepresidente y del presidente se refieren a los pueblos indígenas como poblaciones minoritarias que no representan más del 3% del total y que, por lo tanto, no pueden pretender controlar esas inmensas extensiones, que deben compartir con las poblaciones mayoritarias de las tierras altas.
Por eso el conflicto fue tan intenso. No se trataba simplemente del Tipnis, sino del precedente que crearía para el conjunto de los territorios indígenas. Sabían que si el gobierno lograba su cometido de que los cocaleros del Chapare consolidasen su control sobre ese parque nacional, los otros territorios indígenas caerían uno tras otro.
Al MAS, los pueblos indígenas le fueron indispensables para justificar el diseño de la nueva Constitución, basado en el establecimiento del carácter plurinacional del Estado, pero hoy se han convertido en un estorbo para sus planes de control territorial mediante migraciones dirigidas de las tierras altas a las bajas, a fin de asegurarse el control político y electoral de las regiones que aún no controla.
Por eso, el actual oficialismo introdujo en la Constitución el concepto de territorio indígena originario campesino. Indígenas y originarios son los pueblos minoritarios de las tierras bajas y altas. Campesino puede ser cualquier grupo que migre de un territorio a otro. Existe una marcada tendencia en el gobierno a otorgar derechos de control territorial a campesinos migrantes en territorios a cientos o miles de kilómetros de sus lugares de origen, lo que inevitablemente choca con los derechos reclamados por los pueblos indígenas.
El fondo del conflicto persiste, porque además, y dado que la tierra en sí misma no garantiza el abandono de la pobreza, los principales sectores campesinos que pugnan por seguir expandiéndose hacia las tierras bajas son los cocaleros del Chapare, base política fundamental del actual gobierno.
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ÓSCAR ORTIZ ANTELO, expresidente del Senado boliviano.