Este fin de semana, el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha avanzado un conjunto de medidas para los primeros cien días de Gobierno encaminadas a contener el gasto de las autonomías, responsabilizar a sus gobernantes de la gestión de los dineros públicos, evitar la duplicidad de competencias con el Estado e impedir que la normativa autonómica sobre distintas materias deje de ser uno de los principales elementos de fragmentación del mercado único nacional. Todo esto, desde luego, suena muy bien y si Rajoy pone en marcha las medidas anunciadas se habrá dado un paso adelante hacia la resolución de la crisis fiscal española. Pero aún le quedará la tarea más importante: recomponer el Estado español a partir de sus escombros, de ese reino de diecisiete taifas en que ha degenerado el Estado de las autonomías.
Lo primero que hay que hacer, en este sentido, es definir qué tipo de Estado queremos: un Estado descentralizado con más peso del Gobierno central y más control sobre las políticas que, de una u otra forma, tienen alcance nacional o afectan a la unidad económica, política y social de España; o un Estado federal como el que tenemos ahora, con unas autonomías cada vez más fuertes y un Gobierno central cada vez más débil que, lejos de resolver los problemas de los ciudadanos, crea a éstos nuevas dificultades. Esto lleva necesariamente a definir cuál es el papel real que deben desempeñar las autonomías, una cuestión que hasta ahora se ha pasado por alto porque el principio rector de la política territorial ha sido que hubiera comunidades autónomas a cualquier precio. Y ese precio ha sido muy caro.
En este terreno, habría que seguir los principios del federalismo fiscal en el sentido de dotar a las autonomías de aquellas competencias en términos de prestación de servicios a los ciudadanos que pueden realizar de forma más eficiente que el Estado en razón de su mayor proximidad a ellos y, por tanto, de mejor conocimiento de sus necesidades. Me refiero, fundamentalmente, a las competencias en materia de educación y sanidad que, sin perjuicio del establecimiento de unos baremos a nivel nacional, pueden ejercerse mejor desde niveles de la administración más cercanos al ciudadano. Este principio conlleva dos cosas. Por un lado, un sistema de financiación a través de impuestos propios de cada autonomía, que establezca un verdadero modelo de corresponsabilidad fiscal, y un sistema de transferencias que nivele las diferencias de riqueza entre los distintos territorios. Por otro, dejar de concebir a las autonomías como si fueran pequeños estados en sí mismas, lo que les lleva a ejercer funciones impropias de su naturaleza, y entenderlas como lo que debería ser: una parte de la Administración pública española. Sólo así conseguiremos que no se repitan los males que hoy nos aquejan. Rajoy, con un PP que, después de las últimas autonómicas y municipales, disfruta de un poder territorial como no ha conocido antes partido alguno, contará con todo a su favor para llevar a cabo esta reforma. Otra cosa es la voluntad política de hacerlo.