La guerra que estos días se vive en la capital norteamericana a cuenta del nombramiento del juez elegido por Trump para sustituir al jubilado Anthony Kennedy en el Tribunal Supremo es mucho más que un nuevo episodio del movimiento Me Too. El juez Brett Kavanaugh ha sido acusado de violación y de haber mostrado sus genitales en sendos episodios de su temprana juventud. Los testigos designados por las acusadoras no han confirmado nada y se da por seguro que la investigación del FBI tampoco lo hará. Los demócratas han llegado a sostener que las denuncias han de ser ciertas porque el juez ha reconocido que, de joven, bebía mucho, como si quien se harta de cerveza tenga que ser necesariamente un violador y un exhibicionista. Además, centenares de profesores de Derecho han enviado una carta al Senado afirmando que el nominado carece de las cualidades requeridas para ser juez obviando que lo ha sido durante lustros sin que los firmantes hubieran elevado ninguna queja.
Naturalmente, el juez Kavanaugh está suficientemente cualificado para ser magistrado del alto tribunal estadounidense. Ésa no es la cuestión. La cuestión es que la llegada de Kavanaugh pondría fin al activismo judicial y al uso alternativo del Derecho que la izquierda ha impuesto en ese tribunal desde hace mucho tiempo. Es verdad que Kennedy no siempre votó a favor de esta manera de interpretar la Constitución norteamericana consistente en hacerle decir lo que a la izquierda le parece que debe decir según los tiempos que corran. Pero lo cierto es que, en la mayoría de las ocasiones, fue cómplice de esta forma de imponer nuevas leyes sin necesidad de que haya una mayoría en el Congreso que las vote. Si Kavanaugh toma posesión, la mayoría conservadora de 5 a 4 hará imposible que esta labor de zapa continúe.
El asunto no es en absoluto irrelevante para España. Aquí hemos padecido ese activismo judicial en diversas formas, desde sentencias donde se afirma que la Constitución reconoce el derecho al aborto o al matrimonio homosexual, cosas que en absoluto hace, hasta hacer leyes, como las de género, que vulneran la igualdad de todos los españoles ante la ley. Debe tenerse bien presente que la izquierda entiende que, si el Judicial es un poder del Estado, ha de ser controlado y puesto a disposición de sus ideas. Por esa razón, Manuela Carmena, militante comunista, siendo abogada en ejercicio y ya talludita, recibió la orden de preparar las oposiciones de juez.
No basta que la Justicia sea formalmente independiente. Es necesario además que los jueces apliquen las leyes según lo que dicen y no según lo que a ellos les gustaría que dijeran. Porque si la sociedad ha hecho suyos nuevos valores, lo que habrá que hacer es trasladar éstos a las leyes y a la Constitución, que para eso está el Legislativo. Y si no se disponen de las mayorías suficientes para cambiarlas, no debe permitirse que los jueces las apliquen como si el mero transcurso del tiempo las hubiera reformado de facto. Esto es lo que se está decidiendo en Washington. Y es una de las batallas más importantes de las muchas que se están librando. También aquí.