Grande Marlaska acaba de anunciar un plan integral para combatir el narcotráfico y la inmigración ilegal en el Campo de Gibraltar con vistas a que el PSOE recupere parte de los votos perdidos en esa zona en las inminentes elecciones andaluzas. Mientras, hemos sabido que el anexo al acuerdo alcanzado por la Unión Europea y Reino Unido permite a los gibraltareños conservar sus privilegios parasitarios a cambio de que a los españoles se les permita seguir trabajando allí. Se trata de empleos que los llanitos necesitan que desempeñen otros porque ellos, que son ricos por el mero hecho de ser gibraltareños, no los quieren.
Con ser el acuerdo alcanzado enormemente perjudicial para los intereses de España, hay en él un elemento que humilla a todos los españoles y hace que la situación resultante sea en realidad peor que la que ya existía. Se crean tres comités hispano-británicos para resolver los conflictos bilaterales sobre trabajadores transfronterizos, protección del medio ambiente y cuestiones aduaneras y policiales. Estos comités informarán directamente a un comité especial con representantes del Reino Unido y la Unión Europea donde se abordarán las discrepancias. Es decir, los problemas de las relaciones hispano-británicas a cuenta de Gibraltar serán resueltos por medio de los acuerdos que alcancen la Unión Europea y el Reino Unido. Sin contar con España, que queda al margen.
Todo responde a una táctica que nuestros Gobiernos vienen aplicando desde hace años y que consiste en dejar que sean instituciones ajenas al Gobierno las que resuelvan cuestiones que, aun debiendo ser asumidas por él, de hacerlo, podrían tener consecuencias electorales adversas. Hemos visto cómo el Tribunal Supremo y el Constitucional han tenido que tomar, por medio de lo que eran aparentemente sentencias, decisiones esencialmente políticas en asuntos tan dispares como el terrorismo o las hipotecas. Hemos igualmente contemplado cómo era el Tribunal de Estrasburgo el que se encargaba de derogar la doctrina Parot o de poner fin a la inhabilitación de Otegui. Ahora es la Unión Europea la que resuelve que Gibraltar siga siendo una colonia parasitaria de España a cambio de que unos pocos miles de trabajadores españoles puedan ganarse allí la vida. Y será la organización internacional la que vigile que Gran Bretaña cumple con lo poco a lo que se compromete.
Aunque la táctica es, como digo, vieja, en este caso hay un salto cualitativo. Con Gibraltar, lo que están haciendo Sánchez y Borrell es una de las dejaciones más graves que puede un Gobierno cometer. Están renunciando a la defensa de la soberanía de un territorio que sigue siendo español y sobre el que los derechos de los británicos se limitan a lo que se pactó en el tratado de Utrecht y que, desde luego, no incluyen la soberanía territorial. Es tan humillante como intolerable.
La única esperanza que nos cabe es que los euroescépticos del partido de Theresa May se carguen este acuerdo tan humillante y tan groseramente contrario, no ya a nuestros intereses, sino sobre todo a nuestro honor y a nuestros derechos como nación independiente.