Los medios nos cuentan que la Justicia europea considera que las peticiones de los tribunales españoles respecto de los golpistas huidos son jurídicamente defectuosas. Esos mismos medios también especulan con las razones que podría haber para ello y que no son excluyentes entre sí. A saber: que efectivamente las euroórdenes españolas están cogidas con alfileres, que los tribunales europeos recelan de la Justicia española por nuestro pasado, que los independentistas catalanes han hecho una eficaz campaña de prensa en el extranjero y que el Gobierno no ha sabido presentar nuestro caso ante la opinión pública europea.
Sin embargo, hay algo que no cuadra. La insultante respuesta de los jueces extranjeros ha provocado unas airadas reacciones de nuestro Tribunal Supremo que en realidad no deberían haberse producido. En contraste, la réplica del Gobierno ha estado delicadamente medida. Lo correcto es que el Tribunal Supremo hable sólo por sus resoluciones y el Gobierno proteste su rechazo. En este sentido, son muchas las cosas que éste podría haber hecho, desde meras declaraciones a los medios hasta amenazar con retirarse de la euroorden o provocar conflictos diplomáticos llamando a los embajadores a consultas. Como medidas extremas podría haberse sugerido la salida de la Unión Europea o la ruptura de relaciones diplomáticas con los países cuyos jueces se niegan a entregar a españoles que han delinquido en España. Nada de esto ha ocurrido. No ha habido un mal gesto, ni siquiera un mínimo desahogo. Al contrario, Rajoy calificó de "modélico" el comportamiento del Gobierno alemán poco después de que la ministra de Justicia germana acusara a nuestro régimen de falta de democracia. Y el ministro de Justicia español, después de haberse permitido dudar de la salud mental de uno de nuestros jueces, declaró con mal disimulada satisfacción su disposición a acatar disciplinadamente las decisiones judiciales que ponen en entredicho la conducta de nuestro más alto tribunal.
Es evidente que el Supremo no se siente respaldado por el Ejecutivo. Tal falta de apoyo es lo que le ha llevado a reaccionar de un modo que no le corresponde. Lo que ya no es tan evidente es por qué el Gobierno no defiende a nuestros jueces en Europa. De todas las medidas posibles, es natural que descartara las más enérgicas. Pero es incomprensible que no haya habido una mínima queja pública que refleje una brizna de indignación, aun sin consecuencias prácticas.
Si no fuera porque no cabe dudar de lo mucho que preocupa España y su unidad a este Gobierno, podría pensarse que las decisiones tomadas por los tribunales extranjeros, que desdeñan a los nuestros y a nuestro ordenamiento jurídico, no sólo no enojan al Gobierno, sino que le satisfacen plenamente. Es como si en su seno consideraran que las entregas que el Supremo pretende fueran a provocar tantos problemas que es preferible que sean denegadas. Pero, claro, eso es imposible. Incluso para un Gobierno presidido por Rajoy.
