En la conversación del ministro con el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña hay muchas cosas escandalosas. La principal es que el ministro del Interior presiona al juez que está al frente de esa oficina con el fin de que investigue a los adversarios políticos del ministro. Sin embargo no es la única. Ni, con ser grave, la más inquietante.
Ante todo, resulta que aquí los ministros presionan a los jueces. Ya sé que De Alfonso no ejerce al frente de esa oficina funciones jurisdiccionales, pero no deja de ser un juez, y en su nombramiento fue decisivo el que lo fuera. La conclusión es conocida, aunque muchos pretendan ignorarla: que aquí no hay división de poderes.
España es un país donde las conversaciones que el ministro del Interior tiene en su despacho se graban. No sólo se graban, sino que además, cuando conviene, se difunden. Ello conduce a sospechar que alguien esperaba que el ministro hiciera algo que éste se resistía a hacer.
En todo este asunto, parece que lo que hay es una guerra que sostienen dos facciones de la Policía. De ser cierto, sucedería que el ministro habría tomado partido por una, probablemente aquella con cuya enemistad más tendría que perder, y la otra se esté vengando en consecuencia.
Producida la filtración, el ministro no puede, porque carece de los medios o porque arriesga nuevas filtraciones, localizar a los responsables, denunciarles ante la opinión pública y ponerlos a disposición de la Justicia. La conclusión es que el ministro no controla Interior, sino que es Interior el que controla al ministro.
El juez que está al frente de la Oficina comparece en el Parlamento catalán y se defiende alegando que conversaciones de este tipo las ha tenido con todos los partidos, con lo que da a entender que todos, no sólo el PP, han reclamado sus servicios como perseguidor de adversarios políticos. Y de hecho denuncia que concretamente Albert Rivera le pidió que le diera algo. Pero, eso sí, lo denuncia ahora, no antes. Cómo será este país por dentro para que un juez asuma que ésa ha de ser su función tras ser puesto al frente de una oficina antifraude.
Así que España es un lugar donde a los jueces les dicen los ministros lo que tienen que hacer. Y donde los ministros están a su vez sometidos al chantaje de policías contra los que nada se puede hacer, por lo mucho que saben y porque filtran conversaciones privadas de los ministros si éstos no hacen lo que se espera que hagan. Vienen inmediatamente a la memoria dos cosas, el 11-M y la conversación que Zapatero tuvo precisamente con Fernández Díaz al poco de cesar como presidente del Gobierno. Da miedo imaginar lo que puede hacer Pablo Iglesias al frente de un país en el que existen esta clase de resortes tan bien engrasados.