El último sartenazo del Tribunal Constitucional al Gobierno, declarando inconstitucional el cierre de las Cortes decretado por la presidenta socialista del Congreso de los Diputados so pretexto de la pandemia, es ya sólo uno de tantos. No sólo, sino que el Tribunal Supremo está que fuma en pipa por los obstáculos que el Gobierno pone a que los golpistas sean entregados por las autoridades europeas para que puedan ser juzgados debidamente. Si a eso se añade la negativa a reformar el modo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), algo que han exigido tres de las cuatro asociaciones de jueces y la misma Europa, se ve a las claras que el Ejecutivo tiene un conflicto con el Estado de Derecho.
Los medios de izquierda han acusado a Casado de flirtear con la extrema derecha por comparar al Gobierno de Sánchez con los de Polonia y Hungría por su radicalidad. Y sin embargo el presidente del PP tiene más razón que un santo. Y esta última sentencia del Constitucional lo corrobora. El Gobierno polaco ha establecido un tribunal disciplinario con la idea de sancionar a los jueces que fallen contra el Gobierno. El cierre del Congreso que decretó Meritxell Batet es un atentado contra el Estado de Derecho y los valores democráticos de la Unión Europea tan grave como el de Polonia. El de Hungría ha prohibido que se instile a los menores de edad la cultura LGTBI en los colegios, algo bastante razonable y más conforme con los valores de la Unión Europea que la pretensión que aquí se tiene de inculcarla sin el consentimiento de los padres.
Entonces, ¿por qué la Unión Europea no mete a España en el mismo saco que a Polonia y Hungría? Para empezar, Sánchez, haciendo honor a su cobardía proverbial, recula de inmediato cuando atisba alguna crítica proveniente de fuera, como hizo cuando quiso reducir la mayoría necesaria para renovar el CGPJ y se dispararon las alarmas en Bruselas. Encima, en Europa creen que el Gobierno de Sánchez es socialdemócrata, propio de uno de los pilares de la Unión (el otro es la democracia cristiana), como si Sánchez fuera un Olaf Scholz. La realidad es que Sánchez no es más que un figurín relleno de serrín en manos de los comunistas. Y a Scholz jamás se le ocurriría gobernar en coalición con Die Linke.
Va a costar mucho trabajo arrancarle la venda a la Comisión Europea para que vea lo que, por ahora, no quiere ver. Pero, por antipático que resulte denunciar a tu propio Gobierno ante las autoridades comunitarias, habrá que hacerlo, porque los valores europeos que vulnera nuestro Ejecutivo son al menos tan importantes como los que supuestamente se conculcan en Polonia y Hungría. Y poner de relieve que esos valores, como la independencia judicial o la separación de poderes, se están quebrantando día tras día en España es indispensable para protegerlos aquí y en el resto de Europa.
Y de paso no vendría mal que en Bruselas se enteraran de que el PSOE nunca ha tenido mucho de socialdemócrata.