A Rajoy le pasó en el debate de este jueves que se le notaba a la legua que no quería tomar verdaderas medidas anticorrupción. Tanto es así que propuso cosas bastante inofensivas por no adoptar la única que prometió antes de ser presidente del Gobierno y que podría ser realmente útil: devolver la independencia a la Justicia. ¿De qué sirve crear cien plazas más de jueces si los de la cúpula los van a seguir nombrando ellos? ¿De qué servirán esos nuevos jueces si no van a poder ni acercarse a ningún aforado?
Tampoco dijo nada de las puertas giratorias, esas que atraviesan los políticos cuando se retiran de la política para acceder a algún momio en empresa semipública o en institución semiprivada. Los de abajo no se encampanan con el de arriba porque, de hacerlo, perderían el derecho a la futura recompensa. Este poder de premiar con el chollo al obediente y castigar sin él al rebelde lo necesitan los políticos que mandan para acumular poder sobre los que obedecen. Pero su existencia tiene un fatal resultado, ya que anima a los de abajo a no denunciar las irregularidades que cometen los de arriba y de las que son testigos por no perderlo.
El caso es que la mayoría de las propuestas de Rajoy suenan rancias. Lo de limitar las donaciones a los partidos o que no puedan hacerlas las empresas lo hemos oído mil veces, a pesar de que el problema no son las donaciones oficiales, sino las que se hacen en dinero B, que por su propia naturaleza no están afectadas por ningún límite legal porque son ilegales en sí mismas y las hacen siempre personas físicas entregando el consabido convoluto. O lo de incrementar las penas por los casos de corrupción cuando lo que sucede es que no se cumplen las que hoy existen. O la que se refiere a devolver lo robado, que es algo que ya hay obligación de hacer, pero que no se persigue adecuadamente.
De todas formas, la propuesta más divertida es la de informar al Congreso de los indultos que se dan y se deniegan, como si eso fuera ahora una actividad clandestina. Pero, por Dios, si los indultos se acuerdan en Consejo de Ministros y se publican en el BOE. ¿Es que algún Gobierno, socialista o popular, se ha abstenido de indultar a algún compadre por ser consciente de que se iba a saber? Lo que sí podrían hacer es prohibirlos para según qué delitos, como prevaricación, cohecho, malversación y otros de esos en que incurren los políticos, o cuando se cometan en el ejercicio de un cargo público. Pero ¿a que eso no lo hacen?
Lo mejor es que incluir la información sobre los indultos entre las medidas anticorrupción es tanto como reconocer que se ha estado indultando a corruptos que no deberían haber sido indultados. Y esperan que con esta medida los ciudadanos les indultemos por haber indultado a quien no debían. Naranjas de la China.