Los papeles que la Policía Nacional ha incautado a la Policía autonómica catalana revelan unos hechos que cambian radicalmente la percepción de lo ocurrido. Algunos creímos que el golpe de Estado estuvo limitado a la aprobación de una legislación que, con ser contraria a la Constitución, daba una apariencia de legalidad catalana a la declaración de independencia. Si hubiera sido en efecto sólo eso, podría haber estado justificada esta intervención limitada a destituir a los altos cargos del Gobierno de Cataluña, como únicos responsables de la intentona, disolver la Asamblea autonómica y convocar elecciones. Sin embargo, hoy se sabe que esos no fueron los únicos hechos. No sólo había planes para controlar todos los resortes de poder, sino que un cuerpo armado, como institución, estuvo empeñado en la protección del proceso frente a cualquier intervención encaminada a evitarlo. El compromiso no estuvo limitado a los mandos, sino que algunos de sus miembros colaboraron activamente y muchos de ellos lo hicieron con su pasividad y obediencia, claramente indebida por la grosera ilegalidad de las órdenes recibidas. Lo mismo cabe decir de multitud de cargos intermedios, periodistas de medios subvencionados y miembros de asociaciones financiadas con dinero público. No obstante, el salto cualitativo lo da la evidencia del compromiso de todo un cuerpo armado, y lo que hace especialmente grave su participación en los hechos es que está legalmente legitimado para emplear la violencia.
Todo lo expuesto hace que el proceso judicial abierto contra los golpistas se complique enormemente, ya que los hechos a investigar ya no son sólo los sobradamente conocidos porque fueron televisados en directo. Ahora es necesario investigar otros muchos perpetrados por un considerable número de funcionarios, servidores públicos, policías, periodistas y activistas con fines claramente sediciosos.
Pero si importantes son las consecuencias judiciales, mucho más lo son las políticas. En estas condiciones, con un gran número de personas abiertamente comprometidas con el golpe en puestos de poder de mayor o menor importancia, es imposible recuperar la normalidad en el corto espacio de tiempo que pretende el Gobierno. Es necesaria una intervención mucho más profunda.
El problema no es sólo que el Gobierno no quiere llevarla a cabo, que el PSOE no la apoyaría y que ni siquiera Albert Rivera parece dispuesto a arrostrar las consecuencias de la misma. El problema estriba también en que un proceso judicial con cientos de encausados, el cierre de decenas de medios de comunicación, aunque sólo sea por falta de financiación, la destitución de centenares de cargos públicos, la apertura de miles de expedientes disciplinarios a funcionarios y policías autonómicos harán que España se parezca, al menos sobre el papel, a la Turquía de Erdogan tras la desarticulación del golpe de Estado de 2016. Internacionalmente se desataría contra España una campaña que pondría en entredicho nuestra credibilidad democrática. Y, sin embargo, no hay más remedio que hacer lo que hay que hacer. Con lo que ya no nos podemos conformar es con devolver el poder a los independentistas en Cataluña mientras queda intacto su entramado golpista, mucho más extenso de lo que se creyó. Es una hora en que necesitaríamos tener grandes hombres al frente del Estado y por desgracia, tenemos… Bueno, ya se ve lo que tenemos.
