El Parlamento Europeo ha aprobado una propuesta por la que se pretende que la UE pueda sancionar con la congelación de fondos a Estados miembros que no respeten el Estado de Derecho. Se sancionará a quienes emprendan reformas que violen la independencia judicial, entorpezcan la lucha contra la corrupción o violen los derechos fundamentales o los de las minorías. La fórmula es tan vaga que apenas oculta que el propósito es sancionar a todo aquel que se aparte de los valores impuestos en toda Europa por los socialistas con la cobardona anuencia de la derecha democristiana y meliflua. De hecho, la propuesta ha tenido por ponentes a una socialista española y un popular finlandés, y contado con los votos de los grupos popular y socialista y, por lo tanto, también con los del Partido Popular español.
El propósito es disponer de instrumentos con los que cercenar la independencia de los Estados miembros cuando pretendan ejercerla haciendo cosas que a los socialistas no les gusten. Se citan como situaciones a reconducir las de Hungría y Polonia. Pero la realidad es que el precedente que ha motivado la iniciativa es el de Polonia, a la que se le abrió expediente sancionador por querer rebajar la edad de jubilación de los magistrados de su más alto tribunal. No cabe duda de que, con esa medida, el Gobierno polaco pretendía desembarazarse de jueces molestos y colocar en su lugar a otros más afines. Pero, como ocurre en España, el problema no es con qué edad se jubilan los jueces, sino que el Gobierno pueda nombrarlos arbitrariamente. Como esto último no lo pueden censurar porque en muchos Estados miembros, como el nuestro, se hace y los socialistas, especialmente los españoles, quieren seguir haciéndolo, condenan una medida que el Gobierno polaco tiene perfecto derecho a adoptar, sea cual sea la finalidad que se esconda tras ella.
Polonia hincó la cerviz finalmente por lo mucho que depende financieramente de Europa, pero eso no quita para que el caso sea de una obvia injerencia ilegítima por parte de las autoridades europeas. Por eso, ahora quieren establecer un procedimiento legal con el que poder impedir, sin dudas legales, que los Gobiernos democráticamente elegidos apliquen el programa con el que ganaron las elecciones si éste se aleja de los postulados de la izquierda.
Lo sectario del procedimiento se pone de relieve al tratar la cuestión fundamental de quién será el encargado de decir que un Estado miembro está alejándose de los valores europeos cercenando la independencia judicial o menoscabando los derechos de nadie. El documento establece que la iniciativa partirá de la Comisión a la vista de, entre otros, el dictamen que realice un comité de expertos. A nadie le extrañará que Carmen Calvo, por ejemplo, acabe siendo miembro de ese comité.
Si, ahora con Casado, el PP sigue votando en Europa propuestas de este tipo, ¿qué garantía hay de que cuando vuelva al Gobierno no traicionará por enésima vez a sus votantes, rindiéndose de nuevo a la izquierda?