Informa El Mundo de este domingo que el Gobierno se propone reformar la legislación electoral con el fin de que los exiliados vascos puedan votar en las próximas elecciones autonómicas, previstas para la primavera de 2013. El proyecto tendrá que superar numerosos obstáculos jurídicos. Hay que fijar quién, residiendo fuera del País Vasco, tiene sin embargo derecho a votar en sus elecciones. Teóricamente serán aquéllos que en algún momento residieron allí. También habrá que decidir si el derecho se extiende a sus hijos, ciudadanos que quizá nacieron fuera del País Vasco y que nunca vivieron en ninguna de sus ciudades, pero, que de no haber tenido que exiliarse sus padres, habrían visto la luz y vivido allí.
No obstante, creo que estos problemas y otros parecidos que surjan pueden resolverse con la ayuda de expertos e imaginativos juristas. El problema más serio es otro. ¿La reforma va a hacer referencia sólo a los vascos? Si lo hiciera, estaría otorgando un privilegio a determinada clase de españoles, lo que sería inconstitucional, a menos que la nueva ley reconociera legalmente la concurrencia de circunstancias excepcionales. Habría que decir que en tales años el País Vasco vivió una situación que obligó a centenares de miles de vascos a huir en contra de su voluntad de su región. Eso implicaría igualmente admitir que el Estado no supo o no pudo proteger adecuadamente sus derechos. Hacerlo puede ser más grave de lo que parece. Reconocer lo excepcional de la situación que se vivió allí sería tanto como admitir un conflicto que se supone el Estado niega que existiera. La única forma legal de no reconocer lo excepcional de las circunstancias vividas por los españoles a los que se les va a dar un privilegio en ellas es otorgar la posibilidad de votar en la Comunidad Autónoma de origen, aunque ahora se viva en otra, a todos los españoles, no sólo a los vascos. Ello podría dar lugar a un censo electoral caótico en el que cientos de miles de personas votarían en circunscripciones distintas de aquellas donde residen.
Naturalmente, arbitrar el modo legal de que la diáspora vasca vote en el País Vasco es un modo eficaz de combatir a ETA y a su brazo político. Es obvio que los resultados de las elecciones serán para éstos, si los exiliados votan, mucho peores que si no lo hicieran. Sin embargo, reconocer que hay exiliados, que es lo inevitable si el privilegio de votar en una comunidad autónoma en la que ya no se reside sólo se extiende a los vascos, supondría un gran éxito para la ETA. No de otro modo podría interpretarse el que se leyera en el BOE que una ley reconoce el conflicto, del que los exiliados serían consecuencia, del que la organización viene hablando desde hace más de cincuenta años y que todos los Gobiernos han venido negando. Así que, cuidado, que las leyes las carga el diablo.