Pablo Iglesias se ha convertido al constitucionalismo. Su argumento es intachable: antes de reformar la Constitución, cumplámosla. ¿Cómo quejarse de los defectos de una Constitución que no se cumple? ¿Cómo puede ser necesaria la reforma de unos artículos antes de que se hayan aplicado? Por ejemplo, el derecho a usar el español está derogado en la España donde convive con otras lenguas. Esa violación la han perpetrado los nacionalistas, por supuesto, pero también el PP y el PSOE cuando han gobernado esas regiones. Otro ejemplo: la Constitución no permite que las comunidades autónomas que poseen derecho foral lo desarrollen para regular aspectos que sus leyes forales nunca regularon. Y, sin embargo, se hace, especialmente en Cataluña, que tiene su propia normativa en materia contractual, lo que conlleva de facto una ruptura del mercado único. El matrimonio que autoriza la Constitución es el celebrado entre un hombre y una mujer y, a pesar de ello, en España es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Naturalmente, no son estas cuestiones las que le preocupan a Pablo Iglesias. Él se fija en el rosario de artículos que pretenden para España una economía intervenida. No llegan a autorizar lo que Iglesias quiere imponer, pero la música es esa, más o menos. Por ejemplo, el derecho a una vivienda digna no implica la necesidad de intervenir el mercado del alquiler. Es más, esa intervención, de hacerse, sería inconstitucional. Pero sí es obvio que el texto obliga a emprender medidas que faciliten el acceso a la vivienda. Y no se adoptan. El caso es que, cuando la Constitución se redactó, a finales de los setenta, la URSS todavía existía y todos estábamos convencidos de que no viviríamos lo suficiente para verla desaparecer. Los europeos admiraban el socialismo escandinavo, que requisaba a los ciudadanos casi todo lo que ganaban a cambio de servicios sociales de cinco estrellas. La socialdemocracia era la alternativa amable, en comparación con el comunismo, al capitalismo salvaje de los Estados Unidos. Y todos querían ser suecos. La Constitución de 1978 pretendía dar al Gobierno de turno los instrumentos legales necesarios para construir en el Mediterráneo una socialdemocracia escandinava. Y son esos artículos los que han llamado la atención de Iglesias.
Hasta cierto punto, es correcta su denuncia de que no se cumplen. Lo que pasa es que no se terminan de cumplir porque ya no es posible desarrollar políticas que se atengan a ellos. Quienes redactaron la Constitución ignoraban que, en una década, la URSS desaparecería, que llegarían la Thatcher y Reagan, que la socialdemocracia europea acabaría en la cárcel o al menos la merecería y que los escandinavos renegarían de su suicida sistema fiscal.
No obstante, bienvenido sea Pablo Iglesias al constitucionalismo. Los artículos para los que él quiere una aplicación estricta y rigurosa no son los que más la necesitan, pero menos da una piedra, sobre todo si se tiene en cuenta que se trata de un tipo que renegaba del régimen del 78 y alababa a los etarras por combatirlo. Por supuesto, se trata de una táctica y no de una verdadera conversión, pero el que haya tenido que fingirla no deja de ser el reconocimiento de un fracaso y, por lo tanto, un hecho notable.