El Gobierno de Pedro Sánchez ha encargado a la ministra de Justicia que, no obstante haber augurado "éxito garantizado" a los delitos que le anuncia que cometerá un español en España contra víctimas también españolas, devuelva a nuestros implacables jueces la jurisdicción universal perdida. Villarejo puede extorsionar impunemente, los golpistas catalanes cuentan con la comprensión del Gobierno y la promesa de un indulto exprés poco después de que haya sentencia firme. Pero el Gobierno promete látigos de siete colas y húmedas mazmorras para cualquier delincuente que, sin ser español, cometa cualquier delito fuera de España, aunque ninguna de sus víctimas sea española.
Sin embargo, en la primera ocasión que se le ha presentado a Sánchez la oportunidad de condenar, ya que todavía no puede perseguir, un horrendo crimen como es el truculento asesinato del periodista Yamal Jashogui, presumiblemente a manos de agentes saudíes, la pulsión justiciera del doctor ha perdido fuelle. Ya se sabe que, por algún motivo inexplicable, la izquierda española simpatiza con el reaccionario fundamentalismo islámico y con cualquier teocracia que, como la de Arabia Saudí, no sea cristiana. No obstante, en este caso, hay razones más prosaicas para el culpable silencio del Gobierno.
Son las mismas que condujeron a reprender a la ministra de Defensa por haber pretendido resolver un contrato de venta de armas al reino wahabita. Alegó Margarita Robles que esas bombas serían probablemente empleadas contra la población yemení. Borrell le contestó con una simpleza, pues atribuyó a nuestras bombas la inteligencia de matar sólo a quien debían. El caso es que Sánchez temió que los saudíes represaliaran la rescisión del contrato con la cancelación del encargo de construcción de varias fragatas a Navantia, en Cádiz, haciendo peligrar el trabajo de sus empleados. Esto habría perjudicado al PSOE en las inminentes elecciones andaluzas. De manera que las bombas continuaron vendiéndose.
Con el asesinato de Jashogui pasa lo mismo. Nuestro Gobierno no dice nada al respecto por temor a las represalias económicas saudíes. ¿Cómo creer que España perseguirá todo crimen que el mundo sufra si ni siquiera somos capaces de condenar un asesinato de la naturaleza más vil para preservar intereses económicos que afectan a unos pocos miles de españoles y conservar las expectativas de un partido en unas elecciones autonómicas?
El Gobierno de España tiene la obligación de proteger los intereses nacionales. Y, aunque es discutible, es posible que los contratos de Navantia sean parte de ellos y por lo tanto merezcan que miremos hacia otro lado cuando se acusa a Riad de un crimen tan horrendo como aquel del que ha sido víctima el díscolo periodista saudí. Lo que no es admisible es que, al mismo tiempo, ese mismo Gobierno haga el supremo ejercicio de cinismo e hipocresía que supone atribuirse la función de defender todas las causas justas que en el mundo hay. Lo que en realidad quiere el PSOE es utilizar la justicia universal para perseguir a adversarios ideológicos mientras se muestra comprensivo con los afines. Desde luego, no hay la más mínima intención de someter a nuestra justicia universal a los dictadores de Venezuela, Cuba o Nicaragua, o a sus esbirros. Y eso puede ser más o menos universal, pero lo que no es en absoluto es justicia.