El nacionalismo catalán siempre ha sido cobardón y medroso. Incluso cuando un sector del mismo se decidió por perseguir sus objetivos empleando el terrorismo, no se atrevió a ser todo lo terrorista que fueron otras organizaciones hermanas. Por eso, no emplean las palabras "independencia" o "referéndum" y hablan de "derecho a decidir" y "consulta". Por el temor a expresarse con claridad, hablan de "dotarse de estructuras de Estado", que es como si uno se declarara a una chica diciéndole que qué le parece dotar a su relación de estructuras de matrimonio.
Ahora, se encuentran en un punto crucial. Eso que ellos llaman "derecho a decidir", cuyo ejercicio ha de conducirles a dotarse de "estructuras de Estado", exige un requisito jurídico previo insoslayable, que es que el cuerpo jurídico que va a dotarse de esas estructuras sea soberano. Esa proclamación de soberanía ha de hacerse bajo la forma de norma jurídica. Sin embargo, si hicieran eso, inmediatamente se tendrían que enfrentar al Tribunal Constitucional, pues tal norma sería claramente inconstitucional desde el momento que nuestra Constitución no reconoce otro soberano distinto del pueblo español. Dice el artículo 1.2 de nuestra carta magna: "La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado".
La declaración que Mas y Junqueras van a someter a la consideración del Parlamento catalán para su aprobación proclama el siguiente principio: "El pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano". Los muy cobardes, en vez de incluir eso en una ley, lo meten en una declaración a ver si cuela. Como al otro lado, los que están al frente del Gobierno español son tan cobardes como ellos, se escudarán en que, siendo una mera declaración sin trascendencia jurídica, nada se puede ni es necesario hacer y colará.
Sin embargo, esa declaración, en la medida en que es aprobada por una asamblea legislativa y desde el momento que tiene contenido normativo, pues proclama un principio del que se derivan consecuencias jurídicas, puede ser declarada inconstitucional. Puede serlo al menos en la medida en que pudiera servir de base legal para legitimar un acto jurídico futuro, como por ejemplo, una consulta sobre la independencia de Cataluña. El que la declaración diga que, como consecuencia de ser soberano, el pueblo catalán tiene derecho a decidir y luego no diga qué es lo que va a decidir, que así son de cobardes, no cambia en absoluto las cosas. Porque, dado que el pueblo catalán no es soberano, no puede decidir nada, ni la independencia ni ninguna otra cosa, sin que quien tiene la soberanía, esto es, el pueblo español, lo autorice.
Ya verán como unos cobardes, que no se atreven a proclamar la soberanía de la forma en la que debe hacerse, aprueban la declaración y otros cobardes nada harán amparándose en que se trata de una mera declaración. Y la metástasis, avanzando. Y la nación, quebrándose.
