Aunque hoy, a la vista de la calaña de sus sucesores, Felipe González se pasee por la actualidad nacional disfrazado de estadista, la verdad es que su herencia está plagada de mañas antidemocráticas. No menos grave fue su aceptación por parte de Aznar y Rajoy. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 entregó el control del Poder Judicial al Gobierno socialista de aquel González. Y ni Aznar ni Rajoy quisieron renunciar a ese dominio heredado. Así, se negaron a devolver a la Justicia su independencia, como habían prometido a su electorado, por disfrutar de las potestades que las leyes socialistas pusieron en sus manos. Desde entonces, la credibilidad de los jueces se ha deteriorado mucho precisamente por esto.
Sin embargo, el proceso de independencia iniciado por el Gobierno de Cataluña en 2017 provocó la reacción del Poder Judicial, tanto de los tribunales menores establecidos en la región como de los superiores. Una reacción que ostensiblemente contrarió al Gobierno del PP y al PSOE, que hubieran preferido que fuera mucho más tibia para poder pastelear las vulneraciones de la ley perpetradas por los independentistas, tal y como habían venido haciendo hasta ese momento con las muchas cometidas anteriormente.
Hasta que llegó la sentencia. Habiendo el Gobierno de Sánchez hecho ostentación de preferir una condena por sedición a la más severa de rebelión, que el tribunal presidido por Manuel Marchena calificara los hechos en su forma delictiva menos grave hizo justificadamente sospechar que volvían los tribunales a, en cuestiones de calado político, hacer lo que el Gobierno imponía.
Sin embargo, la decisión de hoy de la sala presidida por el mismo Marchena de considerar que el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no implica tener que autorizar al convicto Junqueras a que tome posesión de su escaño de eurodiputado demuestra que la renovada independencia del Poder Judicial, en lo que se refiere al intento de golpe de Estado en Cataluña, permanece incólume. De modo que aquella sentencia, sospechosa de haber sido influida, se decantó por la sedición en vez de por la rebelión por razones sustancialmente técnicas. Y Marchena, que pudo haber huido dejándose elegir presidente del Poder Judicial, debería quedar rehabilitado ante aquellos que recelaron de él.
Las consecuencias del auto que deja en la cárcel a Junqueras serán al menos dos. La primera será la acusación del Gobierno, formulada quizá por lo bajini y entre susurros, de que el Tribunal Supremo boicotea su proceso de diálogo con el independentismo catalán. La segunda será el enojo de Esquerra Republicana, que, con independencia de lo que realmente sepa o crea, tendrá que ajustar su postura pública al supuesto control que, en esto, según ella, el Gobierno tiene del Poder Judicial. Mientras, hace bien el PP de Casado en negarse a pactar con este PSOE la renovación del Consejo y dejar que los cargos sigan en interinidad hasta que de una vez nuestras leyes retornen a la situación anterior a 1985 y el Poder Judicial vuelva a ser y a parecer plenamente independiente.