Todos sabemos, o deberíamos saber, que en casi nada hay riesgo cero. Y, por supuesto, no existe quien pueda garantizar al cien por cien que, tras traer a España a los dos religiosos enfermos de ébola, nadie resultaría infectado. Por lo tanto, puede parecer injusto acusar ahora al Gobierno de incompetencia sin haber censurado en su día su decisión de repatriar a esos dos españoles. Y, sin embargo, no lo es. En primer lugar, porque no sólo es que una de las enfermeras que trató a los pacientes ha resultado finalmente infectada, sino que cuando presentó los primeros síntomas se permitió que se marchara de vacaciones. A estas alturas no sabemos quién tomó esa estúpida decisión, pero cabe la posibilidad de que se fundara en consideraciones políticas, en especial la de evitar las acusaciones que generaría el ingresar a la enfermera como sospechosa de haberse contagiado.
Pero hay más pruebas de la incompetencia del Gobierno en este asunto. Muy pocos españoles estaban en condiciones de poder medir los riesgos que entrañaba para nuestra sanidad repatriar a los dos religiosos. Para valorar la responsabilidad del Gobierno habría que saber qué porcentaje de riesgo de infección calcularon los expertos y qué medidas aconsejaron para minimizarlo. Nada que no hubiera estado muy cerca del cero debería haber sido aceptable para la ministra de Sanidad y el presidente del Gobierno. Sospecho que, ya fuera por falta de técnicos, por no disponer de los medios que éstos aconsejaran o por no querer escucharlos, los políticos tomaron la decisión sin que nadie con obvio conocimiento de causa asumiera la responsabilidad de haber llevado a cabo la repatriación y hospitalización del modo que finalmente se hizo. De haber habido quién, ya habrían las terminales del Gobierno descargado sobre ellos toda la responsabilidad. Y lo habrían hecho con filtración a la prensa de los correspondientes informes. Si como me barrunto fue el Gobierno quien tomó la decisión sin haberse procurado consejo fiable, estaríamos ante un caso de temeridad más que de incompetencia.
De momento, ya tenemos que asumir el coste económico y en puestos de trabajo que para el turismo va a suponer esto, sin contar las medidas que puede acabar adoptando Bruselas. No quiero ni pensar en lo que ocurrirá si empiezan a multiplicarse los casos ni lo mucho que puede tardar este Gobierno en tomar las medidas que en tal caso habría que adoptar. Y encima de todo están esos españoles cuyas vidas se han puesto gratuitamente en peligro, al menos desde el 30 de septiembre, cuando la enfermera infectada acudió al hospital con fiebre y se le dijo que se fuera de vacaciones. La incompetencia suele pagarse con la dimisión, pero a la vista de cómo Rajoy elige a los ministros cuando alguno se le va, no merece la pena pedir la de Ana Mato porque con Rajoy, incluso en este caso, todo es susceptible de empeorar.