Ya sabemos que a este Gobierno lo único que le preocupa es la igualdad. La libertad es despreciada como el origen de todos los males y ha de ser cercenada allí donde descuelle. Es evidente que el Gobierno se propone aprovechar la pandemia para combatir la libertad hasta más allá de donde lo haría en condiciones normales. Y lo está haciendo ante la indiferencia de la mayoría de los medios de comunicación. Se critica la torpeza en la gestión o el perjuicio que para la economía suponen las medidas sociales. Pero casi nadie advierte el daño que a la libertad inflige el igualitarismo sanitario.
Se vio con claridad cuando la Comunidad de Madrid empezó a perimetrar barrios de la capital en los que, por los análisis de las aguas fecales, se supo que había una mayor incidencia del virus. El Gobierno reaccionó con fiereza y acudió presto al rescate de los pobres imponiendo el cierre de todo Madrid en perjuicio de aquellos barrios, humildes o no, en los que la incidencia era baja y no había razón para la medida.
Se vio igualmente con ocasión de la distribución de la vacuna de la gripe. No se sabe si ésta constituye un freno más o menos eficaz contra el covid-19, pero, por si acaso, muchas personas que no se vacunaban habitualmente decidieron hacerlo este año por si acaso. El Gobierno, en vez de preocuparse de adquirir tantas dosis como fueran necesarias para atender a la muy previsible mayor demanda, racionó las disponibles e impidió a las farmacias vender dosis. De esta forma sólo se vacunó quien el Gobierno dijo y no quien quiso.
La Comunidad de Madrid lleva semanas pidiendo al Ministerio de Sanidad que se autorice a las farmacias a hacer test de antígenos a quien lo desee. Es algo que permitiría a los ciudadanos que quisieran gastar su dinero en eso controlarse regularmente para proteger a sus familias. También en esta ocasión el Gobierno se ha negado a que los madrileños disfruten de esta libertad y ha impuesto una serie de condiciones (que sea en zonas de alta incidencia para cribados poblacionales, sea lo que sea que esto significa) que privan a la idea de toda la eficacia para la que fue pensada.
Es muy triste que un rico pueda hacerse los test que desee y un pobre no. Lo ideal sería que el Gobierno ofreciera test gratuitos a quien quisiera hacérselos. Pero el Gobierno no está en condiciones de hacer tal cosa, no porque sea algo contrario a la igualdad, sino porque el dinero que haría falta ya se ha gastado en subvenciones, chiringuitos, clientela y despilfarro. De modo que, por mor de la igualdad, ha decidido que no pueda hacérselo nadie más que quien el Gobierno diga.
Lo peor de este igualitarismo exacerbado y estúpido que va acabar con la libertad económica, y luego con la relativa prosperidad que disfrutamos gracias a ella, es que a casi todo el mundo le parece muy bien. Y quienes lo desaprueban no se atreven a decirlo por no ser acusados de desalmados o insolidarios. Para ser realmente iguales como el Gobierno quiere habría que imponer a los sanos que se contagiaran por solidaridad con los enfermos. Ésa sí que sería verdadera igualdad.