En la tarde de este martes, los dos líderes políticos que representan a la gran mayoría de los españoles han coincidido en algo que no es del todo verdad. Les han contestado a los enviados del Parlamento de Cataluña que la ley no permite darles lo que piden, la autorización para celebrar una consulta sobre la independencia de Cataluña. Es cierto que entre las competencias exclusivas del Estado está la "autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum" (art. 150.1. 32ª). Pero la competencia exclusiva es la de autorizar, no la de celebrar o convocar, de manera que el Estado, si quiere, puede autorizar. Además, la Constitución (art. 150.2) permite transferir facultades de titularidad estatal. ¿Donde está el problema legal? Está en el artículo 1, donde dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español. O sea que en Cataluña se pueden celebrar referéndums, como de hecho se han celebrado, en los que sólo decidan los catalanes. Lo que no pueden hacer es decidir nada partiendo del supuesto de que el pueblo catalán es soberano, se les autorice o no el referéndum. Y eso era lo que venía a decir, añadiendo inútiles y confusos matices, la sentencia del Tribunal Constitucional.
La cuestión sin embargo no es sólo de leyes o constituciones. Daría igual que la Constitución hubiera olvidado decir que la soberanía reside en el pueblo español porque, de hecho, es donde únicamente puede residir, porque no somos una acumulación de pueblos soberanos que voluntariamente se han asociado sin renunciar a su soberanía. Somos una nación y, por lo tanto, un pueblo. Y lo seguiremos siendo mientras lo queramos, no porque la Constitución lo diga.
Sucede que hay en Cataluña muchos que no quieren formar parte de ese pueblo porque se sienten exclusivamente catalanes. No sé la fuerza que tendrá ese sentimiento. Pero si efectivamente es tan poderoso como ellos dicen, no sé a qué esperan sus representantes políticos, que gozan de una amplia mayoría en su Parlamento, para declararse unilateralmente independientes. Ese esfuerzo inútil en el que están empeñados en hacer las cosas legalmente es ridículo. Lo es porque, tras incumplir todo un rosario de normas y sentencias, sería la primera cosa que les preocupara hacer con respeto a las leyes españolas. Y lo es porque un proceso consistente en cargarse España y ciscarse en la soberanía nacional no puede nunca ser legal. Sólo podría serlo tras trocearla y repartirla entre los distintos pueblos de unos futuros Estados confederados. Y, francamente, ¿qué necesidad tenemos los demás de que nos hagan soberanos en nuestra región si sólo es para dar gusto a los separatistas catalanes y que puedan declararse independientes con pleno y riguroso respeto a la legalidad vigente? Si tanto quieren la independencia, que la declaren de una vez y dejen de joder con la pelota. Tantas leyes y sentencias se han saltado que no entiendo estos remilgos para hacer algo que, por su propia naturaleza, ha de ser esencialmente ilegal. En fin, que esto ya ralla.