El PSOE viene desde hace tiempo quejándose del populismo, que es como si Ortega y Gasset se quejara de la metafísica. Los socialistas son catedráticos de la materia. La última lección la han dado con el impuesto que pesa sobre las hipotecas. La demagogia con la que el Ejecutivo ha tratado este asunto no la puede igualar ningún populista de derechas o de izquierdas de aquí o del otro lado del Charco.
Pero, más allá de quién va a pagar en primera instancia el impuesto, hay que llamar la atención sobre la agresión que los Gobiernos, éste y el anterior, están perpetrando contra la hipoteca. Es patente que, con independencia de los beneficios que hayan podido extraer quienes firmaron una, la probable consecuencia es que las hipotecas se encarecerán por otra vía. Lo que de ninguna manera cabe esperar es que los bancos pierdan dinero con cada hipoteca que firmen, porque, antes de asumir tal resultado, dejarán de concederlas. Y eso es lo que pasará con los clientes más débiles. Para éstos, el crédito hipotecario se cerrará. Si, por el exceso de tutela del Estado, conceder hipotecas a esta clase de clientes ha de suponer que no se puedan ejecutar por falta de pago, que no puedan cobrarse los intereses pactados y que los costes de tramitación tengan que ser asumidos por el banco sin posible compensación, a las instituciones financieras no les interesará conceder esta clase de créditos.
Esto significará dos cosas: que la clase media se verá imposibilitada de comprar una vivienda y que, aunque ya posea una, carecerá de toda capacidad de crédito para poner un negocio, ampliar el que tenga o superar un bache. Sólo serán beneficiarios de hipotecas quienes tengan acreditada capacidad económica para pagarla. Es decir, aquellos que, por no gozar de la sobreprotección del Estado, ofrezcan garantía de que el banco ganará dinero con su concesión.
Al margen del obvio desastre que para la economía nacional supone cercenar las oportunidades adquisitivas y emprendedoras de una clase social tan amplia, las consecuencias más importantes no serán las económicas. Las más graves serán sociales y políticas. La hipoteca ha permitido que España sea un país de propietarios. A los propietarios no les gustan las políticas expropiatorias ni hacer revoluciones. Negándoles a muchos de ellos el acceso a la vivienda y la capacidad de crédito que ofrecía ser dueño de un inmueble, la clase media se irá proletarizando. De esta manera, no sólo el PSOE dispondrá de más potenciales votantes para sus políticas de incautación y requisa, sino que Podemos podrá contar con una base social que, habiendo perdido la condición, real o potencial, de propietario, estará mejor dispuesta a la revolución.
Sánchez es un descerebrado que apenas logra intuir que empobrecer le dará votos. Pero Iglesias sabe muy bien lo que hace. Lo que no se entiende es que, bajo la añagaza de amparar a "la gente", haya tantos dispuestos a colaborar en la proletarización de España, paso previo indispensable para una revolución comunista, que será más bolivariana que soviética, pero comunista.