El fiscal general del Estado acaba de admitir en el Congreso de los Diputados que la Fiscalía carece de los medios necesarios para combatir la corrupción. Lo primero que a uno se le ocurre opinar ante esta afirmación es que, puesto que corresponde a los políticos controlados proporcionar los medios para que los controlen, cómo puede esperar nadie, y menos que nadie Torres-Dulce, que se los entreguen. Y, sin embargo, todos los políticos sin excepción se hacen cruces cuando se descubre algún caso y juran su combatir en el futuro la lacra.
Puede creerse que una mínima cantidad de casos de corrupción es inevitable y que el que se conozcan, persigan y encausen es de algún modo prueba de que el sistema no es tan puerco como parece. Sin embargo, más allá de los casos más groseros, en la resignada afirmación de Torres-Dulce hay algo muy inquietante. Si la Fiscalía se encuentra sobrepasada será porque la corrupción se encuentra tan generalizada que la Justicia ya no da abasto para combatirla.
Piensen en este último caso de las ayudas a los cursos de formación. Lo que lo ha propiciado no es sólo que haya políticos corruptos, que también. Sino que es la existencia misma de esas ayudas lo que de alguna manera incita a la irregularidad. Puede que las que se dedican a cursos de formación de parados sean las que más justificadas estén, pero en España hay ayudas y subvenciones para casi todo. Cómo será la cosa que Montoro dice que son las exenciones fiscales, que no son otra cosa sino ayudas a según qué sectores económicos, las que hacen que el impuesto legal de sociedades, que está en el 30%, quede reducido en la práctica a uno efectivo del 4, que vergüenza debería darle decirlo.
Toda ayuda o subvención exige una burocracia que controle que quien la solicita y recibe tiene en efecto derecho a ella. Al frente de cada una de esas burocracias hay siempre un político que puede fácilmente sentirse tentado de darlas a amigos, familiares o compañeros de partido que o no las merecen o, mereciéndolas, tienen menos derechos que otros a recibirlas. Recientemente se ha descubierto un fraude con las subvenciones del plan PIVE, una ayuda concedida por el Gobierno al sector del automóvil. En su momento fue recibido con general aplauso a pesar de implicar un claro agravio comparativo respecto a otros sectores tan necesitados como aquél. Sin ese plan de ayudas no habría podido haber fraude y a cambio hubiera habido un margen para bajar los impuestos y dejar ese dinero en los bolsillos de los españoles para que lo emplearan en comprar coches o en lo que les hubiera dado la gana.
Somos un país corrupto, desde luego. Pero podríamos empezar a dejar de serlo si, además de proporcionar los medios necesarios a la Fiscalía, a los políticos no se les ofreciera con frecuencia la oportunidad de corromperse con tanta ayuda y subvención como hay.