Fernando Simón se negó a dar los nombres de los expertos que aconsejan al Gobierno las medidas contra la pandemia. Antes se supo que el comité de expertos al que apelaba constantemente Salvador Illa nunca existió. Y todo es porque quienes supuestamente asesoran al Gobierno no son expertos sino funcionarios. Y no es ni mucho menos lo mismo. Los funcionarios pueden ser más o menos independientes. Los jueces, por ejemplo, supuestamente lo son. En cambio, los servidores públicos de los ministerios dependen directamente del poder político. Su función es llevar el día a día de los departamentos y someterse a la dirección del ministro ayudándole a conseguir sus fines en el marco de la legalidad. Los expertos, para poder serlo, tienen que ser independientes y no estar sometidos a ninguna autoridad del asesorado. Si lo estuvieran, ya no podrían ejercer como expertos. Por lo tanto, la condición de experto no sólo la da el tener los conocimientos necesarios, como sin duda tienen la mayoría de los funcionarios del Ministerio de Sanidad. Es necesario además que sean totalmente independientes del Gobierno. Y es evidente que dichos funcionarios no lo son, ni tienen por qué serlo.
El Gobierno no quiere dar sus nombres por una obvia razón. Al llamarlos expertos, sin estar ejerciendo en funciones de tal, los disfrazan de lo que no son para cargar sobre ellos la culpa de lo que salga mal. Es una injusticia que los funcionarios pueden más o menos tolerar mientras permanezcan innominados. Si llegaran a conocerse sus nombres se descubriría no sólo que algunos de ellos no son expertos en la materia en la que están asesorando, sino sobre todo que no asesoran en calidad de expertos sino en su condición de subalternos de la Administración obligados legalmente a obedecer a los políticos siempre que lo que se haga esté dentro de la ley. Si se hicieran públicos sus nombres, como debería ser, podrían denunciar que lo que ellos hacen es tan sólo obedecer, como es su obligación, y se revelaría que la verdadera responsabilidad es del Gobierno.
No obstante, el que los políticos desvíen su responsabilidad sobre funcionarios inocentes es extraordinariamente frecuente. Baste recordar el caso Faisán, por ejemplo. En algunas ocasiones, para que el funcionario acepte el castigo sin rechistar, el político le compensa la asunción de la culpa con alguna generosa prebenda y a otra cosa. Veremos qué ocurre aquí.