La calculada ambigüedad de las preguntas de la consulta independentista, patente desde el mismo momento en que son dos en vez de una, está desinflando el suflé independentista. Si la consulta no se celebra, dicen desde la plaza de Sant Jaume, se convocarán elecciones plebiscitarias. Este mecanismo permitiría supuestamente proclamar unilateralmente la independencia si los partidos independentistas obtuvieran una mayoría suficiente. Esto tiene toda la pinta de ser una filfa. Esa proclamación unilateral podrían perfectamente haberla hecho ya desde que las últimas elecciones autonómicas ya fueron plebiscitarias y quien votó a ERC y a CiU ya sabía lo que estaba votando.
Mientras, el presidente del Gobierno afirma fatuo y campanudo que el referéndum no se celebrará porque es inconstitucional, dando a entender que será él quien lo impida si la Generalidad se empeña en celebrarlo. Y lo más gracioso es que algunos periódicos lo llevaron a la portada como si una afirmación hecha por alguien tan medroso pudiera tener alguna relevancia. Los que han dado pábulo a la misma deberían recordar que quien la hace es alguien que se enorgullece de no cumplir sus promesas. No sólo, sino que consiente y tolera a ciencia y paciencia que la Generalidad viole todos los días la Constitución Española y no hace, como su antecesor, nada para evitarlo. ¿Por qué habría que esperar que con la dichosa consulta se comportara de diferente manera? Lo que pasa es que Rajoy confía en que, una vez que Mas ha puesto a ciento ochenta el biscúter que conduce, se estrelle. Pero ¿y si contra todo pronóstico no se estrella y conduce Cataluña a la sima de la independencia? ¿Qué piensa hacer Rajoy? De momento, no ha pensado nada.
Lo único evidente ahora es que, mientras uno se lanza a toda pastilla y sin frenos y el otro se cruza de brazos a ver en qué bancal aterriza el pirotécnico de las Ramblas, las facturas las vamos pagando nosotros con los cheques que va extendiendo con irritante delectación Cristóbal Montoro. Lo reconoce el propio Mas cuando afirma: "El Gobierno no dejará caer Cataluña en la insolvencia; esto sería tanto como admitir que ya no forma parte de España". Estas dos frases entrañan no uno sino dos programas de gobierno, uno para la Generalidad y otro para La Moncloa. Naturalmente, los españoles tenemos la obligación de pagar las facturas de los catalanes aunque hayan sido consecuencia de una gestión irresponsable, pero sólo después de haber intervenido el Gobierno de la autonomía. Este seguir financiando a Mas su loca carrera nos arrastrará a todos al precipicio. Como Rajoy no tiene cuajo para impedirlo y a Mas le falta para proclamar de una vez la independencia, nos veremos todos en el fondo del barranco. Qué extraño desamor éste entre España y Cataluña que nos lleva a despeñarnos juntos.