Nada más conocerse la noticia de que el juez García-Castellón había remitido al Tribunal Supremo un auto razonando la procedencia de imputar a Pablo Iglesias en el caso Dina, el vicepresidente segundo del Gobierno se rebotó. Y con esa chulería de proxeneta de la Ballesta que se gasta se mostró convencido de que el alto tribunal no le imputaría. Se esforzó en mostrar que su convencimiento no era consecuencia del análisis jurídico, sino del conocimiento de lo que se cuece en los tribunales. Y lo expresó diciendo que no concebía, “ni como mera hipótesis,” que pudieran imputarle.
Sin embargo, el gachó no debe de estar tan seguro. Ni mucho menos. Para empezar, envió a sus sicarios en las redes a condenar al juez con soeces amenazas de muerte. La ofensiva se detuvo cuando las fuerzas del orden comenzaron a investigar la procedencia de los mensajes. Y luego recurrió el auto de remisión al Supremo ante la misma sala de la Audiencia Nacional que le devolvió la condición de perjudicado de la que había sido privado por García-Castellón.
El recurso es absurdo. Evidentemente, toda resolución judicial es recurrible. Pero lo que puede recurrirse en ese auto no es el relato de hechos en que se funda el juez instructor. Una vez se ha apelado a él, sólo al Supremo corresponde decidir. Lo que se puede recurrir es la razón misma de la remisión, que no es otra que la de estar Iglesias aforado. Si Iglesias cree preferible para sus intereses que su caso siga siendo visto en la Audiencia Nacional, lo que tiene que hacer es dimitir y perderá automáticamente el aforamiento. García Castellón lo imputará y podrá sin problemas recurrirlo ante la sala que un día lo protegió. Pero para eso tiene que dimitir.
Tanto ha llegado a concebir lo inconcebible que invitó a su víctima, Dina Bousselham, a recurrir asimismo el auto que pide al Supremo su imputación. La enchufada directora del periódico digital de Podemos, La Última Hora, puesto que agradeció renunciando a querellarse de los delitos que Iglesias hubiera podido cometer contra ella, obedeció. En el recurso ratifica que no se siente perjudicada por las acciones de Iglesias. Por supuesto, en delitos perseguibles sólo a instancia de parte, como son algunos de los que podrían imputarse a Iglesias, no puede imputarse a nadie sin el consentimiento de la víctima. Pero a eso ya renunció y no tiene sentido que lo reitere, y mucho menos por medio de un recurso donde no se ventila ningún interés propio.
La conclusión es que Iglesias ha empezado a concebir lo que ni como mera hipótesis concebía. Es más, no sólo ha empezado a concebirlo, sino que ahora también le parece posible y quién sabe si probable. En cualquier caso, incluso en el supuesto de que el Supremo decidiera no imputarle y ordenara al juez García-Castellón continuar la causa dejando al margen a Iglesias, queda el caso de la financiación ilegal de su partido, los pagos hechos a Neurona y la participación de Venezuela e Irán. Esos delitos sí son perseguibles de oficio y no hay Dina agradecida que pueda librarle de ellos. Le urge, y de qué manera, ocupar el Poder Judicial.