Al PSOE le da urticaria el interés nacional. Por eso, cada vez que hay que defenderlo, cualquier Gobierno socialista cabecea y remolonea y, cuando no tiene más remedio que hacerlo, se emplea a regañadientes, de mala gana y a medias. Pero, si el interés nacional tiene algo que ver con Gibraltar, entonces no es que el PSOE se resista, es que se cierra en banda y tiende hacer lo contrario de lo que la nación demanda. Debe de ser que, como Franco defendió la españolidad de Gibraltar, los socialistas han de hacer lo contrario. Se puede comprender. Pero, ¿es necesario hacerlo con tanto denuedo?
Hemos tenidos tres presidentes socialistas. González, ahora asombro de estadistas y adalid de la unidad nacional, abrió la verja, hizo aun más ricos a los gibraltareños y consiguió para ellos todas las ventajas de ser español sin ninguno de los inconvenientes, singularmente los fiscales. Zapatero les consintió que utilizaran libremente el aeropuerto y permitió conectar la fibra óptica gibraltareña a la red española para que las casas de juego online con sede en la colonia pudieran explotar su negocio en todo el mundo pagando sólo los livianos impuestos gibraltareños. Ahora Sánchez ha dedicado los pocos meses que lleva de gobierno a encontrar el modo en que el Brexit no perjudique a los pobres llanitos, cada día más ricos sin dar palo al agua. Ya ha dado varios pasos en esa dirección, pero, al parecer, todavía no nos ha humillado lo suficiente.
El último baldón es un tratado fiscal, que ha firmado Borrell este martes. Los medios de izquierda resaltan que Campeador Sánchez va a combatir con él el fraude fiscal al pactar con Reino Unido el intercambio de información y acordar que paguen al fisco español quienes de facto residan en España. Falso de toda falsedad. Ninguna de las medidas pactadas contra los llanitos necesitan el consentimiento británico. España tiene sus propias leyes fiscales para quienes hacen negocios en España y puede ignorar la residencia fiscal en Gibraltar si, según sus normas, es fraudulenta. Lo que de verdad hace el tratado es comprometer a las autoridades gibraltareñas a proporcionar la información fiscal de los trabajadores españoles en la colonia, cuyos ingresos, hasta ahora, permanecían ocultos a los penetrantes ojos de la Agencia Tributaria. A cambio, el Gobierno español se obliga a sacar a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales para que las inversiones procedentes de la roca no sufran control que hasta ahora padecían. Encima, para que las sospechas de colusión sean ya gigantescas, el Gobierno ha esperado a que las Cortes estén disueltas y el tratado, en su caso, tenga que ser ratificado por la Diputación Permanente, una vez aprobado en Consejo de Ministros. Con gobiernos así, quién necesita enemigos, interiores o exteriores.
