Otra vez la definición de Israel como "Estado judío" o "Estado del pueblo judío" vuelve a causar controversias. De entrada, definirse como les parezca es asunto de la soberanía de los Estados. Seguidamente, como ya hemos explicado, el concepto no es ni étnico ni religioso, es nacional: que Israel se defina como Estado judío es equiparable a que Francia se defina como Estado francés o España estado español. Sin embargo, dando por solventados los conceptos, hay que atender a la historia y al contexto actual para comprender el porqué de la nueva polémica que amenaza con partir en dos la coalición de Gobierno de Bibi Netanyahu y que además ha servido como excusa, de nuevo, para acusar a Israel de racismo y apartheid.
En primer lugar, llevamos más de cien años escuchando lo del "Estado judío". Los días 29 y 30 de agosto de 1897, en el Primer Congreso Sionista, se menciona como aspiración del movimiento un "Hogar Nacional Judío legitimado por el derecho internacional público". En 1917, la famosa Declaración Balfour señala que el Reino Unido se muestra favorable al establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina. En 1922, la Comisión Peel, creada para investigar principalmente las causas de la huelga general de seis meses por parte de los árabes en el Mandato Británico, recomienda la partición de Palestina en dos Estados: uno árabe y otro judío. Al año siguiente, la Comisión Woodhead recomienda la creación de un Estado judío en las zonas con mayoría judía en Palestina. En 1947 el Comité Especial para Palestina de las Naciones Unidas (Unscop, por sus siglas en inglés) recomienda la división de Palestina en dos Estados: uno árabe y otro judío. El 29 de noviembre del mismo año la Asamblea General de la ONU adopta por mayoría (33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones) la Resolución 181, por la cual aprueba el Plan de Partición de Palestina en dos Estados, uno árabe y otro judío, que da fin al Mandato Británico de Palestina en seis meses. El 14 de mayo de 1948, un día antes de que acabe el Mandato, David ben Gurión declara la independencia de un Estado judío en la tierra de Israel, conocido comoMedinat Yisrael (Estado de Israel). Además, en sus Leyes Básicas Israel se define como Estado "judío y democrático".
En consecuencia, es una reivindicación centenaria para colmar el sueño sionista: un hogar nacional para los judíos.
En segundo lugar, la demanda de Israel de que los palestinos lo reconozcan como "Estado judío" se puso ya de moda en las últimas, y fallidas, negociaciones de paz promocionadas por John Kerry. Lo que ha suscitado controversia ahora es la oposición interna erigida contra la proposición de Ley Básica por parte del Gobierno (14 votos a favor, 6 en contra) para definir a Israel como
el hogar nacional del pueblo judío (…) Estado democrático, establecido sobre las bases de libertad, justicia y paz contempladas por los profetas de Israel, y que cumple con los derechos personales de todos sus ciudadanos, bajo [el imperio de] la ley.
Netanyahu, ante el asalto a la legitimidad que Israel sufre desde hace 66 años, quiere que nacional e internacionalmente se reconozca de una vez la naturaleza fundacional de Israel: un hogar nacional para los judíos de todo el mundo. Aunque las críticas van en dos direcciones: 1) no hacía falta, ya que hay varias leyes que lo reconocen; 2) da preferencia al carácter judío sobre el democrático.
Yair Lapid, ministro de Finanzas, y Tzipi Livni, ministra de Justicia, han sido los principales detractores del proyecto, puesto que, a su entender, "antepone el carácter judío de Israel a su carácter democrático". Ahmed Tibi, diputado árabe, ha dicho que con esta nueva ley Israel se convierte en una "judeocracia".
Netanyahu justificó la proposición declarando:
Es esencial para mantener la base de Israel como el Estado-nación del pueblo judío, a la luz de los desafíos internacionales e internos contra esta determinación básica. Por medio de la ley, vamos a fortalecer el carácter judío y democrático del Estado de Israel, y la plena igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, con independencia de su religión, raza o sexo.
No obstante, el que ha ido más lejos en las críticas a la nueva proposición es el fiscal general, Yehuda Weisntein, al afirmar que
supondrá un profundo cambio en los principios básicos del derecho constitucional consagrado en la Declaración de Independencia y las Leyes Básicas aprobadas por la Knéset [Asamblea Legislativa], y conduciría a un deterioro del carácter democrático del Estado.
El presidente del país, Reuven Rivlin, ha sido más sutil señalando que en la Declaración de Independencia ya se establece que Israel es judío y democrático, y que se determina la completa igualdad de derechos sociales para todos los ciudadanos.
A favor se han posicionado pocos. Uno de ellos es Yoram Hazony, presidente del Instituto Herzl (nada sospechoso de ser un seguidor del Likud, el partido de Netanyahu), que afirma que esta ley es necesaria para reconocer de una vez por todas la realidad y los éxitos de Israel como refugio para los judíos y a su vez como único país de Oriente Medio con minorías que no ha devenido en un desastre o en una dictadura.
Las opiniones foráneas también han influido en la polémica. Incluso el aliado fiel, EEUU, por boca del portavoz del Departamento de Estado, Jeff Rathke, ha recordado a Bibi que Israel debe seguir siendo un Estado democrático y garantizar la igualdad para todos sus ciudadanos.
El terremoto político en Israel por esta nueva Ley Básica está siendo de gran magnitud. No obstante, el terreno donde debía debatirse el tema era en uno un poco más alejado de los focos.
El debate doctrinal sobre la coexistencia de las condiciones judía y democrática de Israel es ciertamente apasionante. Las disertaciones más profundas las han llevado a cabo los jueces de la Corte Suprema. Su antiguo presidente (1995-2006) Aarón Barak escribió:
La expresión "judío y democrático" no implica dos opuestos, más bien es complementaria y armónica (…) Los valores fundamentales del judaísmo son los valores fundamentales del Estado, es decir, el amor al hombre, la santidad de la vida, la justicia social, hacer lo correcto, la preservación de la dignidad humana, el Estado de Derecho, etc., los valores legados por el judaísmo al mundo entero. Estos valores deben ser abordados desde un nivel universal, acorde con el carácter democrático del Estado.
En el famoso caso Kaadan contra la Administración de Propiedades del Estado de Israel, en el año 2000, la Corte Suprema dio la razón a una pareja árabe que quería construir una casa en el asentamiento de Katzir alegando que de lo contrario se se vulneraría el principio de igualdad. Es reveladora la conclusión a la que llegó el tribunal para dar la razón al matrimonio Kaadan: el carácter y los valores de un Estado judío implican igualdad de derechos para los no judíos.
El origen del problema de la definición del Estado es legal, y reside en que Israel no tiene Constitución todavía, sino once Leyes Básicas en las que aún no se ha definido el carácter del Estado –sí se ha mencionado, como hemos apuntado, en varias de ellas, como en la Ley Básica de Libertad y Dignidad Humana–. Aprobar esta nueva y dejar un amplio margen a la Corte Suprema para su interpretación es una solución temporal. Otro statu quo, tan del gusto de los israelíes, continuadores de la tradición pactista judía.
Indudablemente, es en este terreno, el jurídico, donde debería moverse el debate, y no ser objeto de espectáculo político, tanto dentro como fuera de Israel.
Y, sobre todo, que Israel se defina como quiera, pero que lo haga bien.
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