El grado de politización –es decir, de corrupción– en la Justicia española es tan atroz que después de las hazañas cinegético-judiciales del Infrajuez y Suprapolítico o viceversa en los medios podemos encontrar dos versiones claramente distintas de unos mismos hechos turbios, los de la famosa Operación Gürtel. Según creen algunos, Garzón ha entregado parte del caso a los Tribunales Superiores de Justicia de Valencia y Madrid (si hay algún tribunal superior al de Garzón en cualquier parte de España, que lo dudo), pero se ha guardado una parte para reabrirlo cuando le convenga. Sin embargo, otros medios sostienen que Garzón ha abandonado definitivamente el caso y que a partir de ahora los imputados tendrán derecho a un juicio con garantías y no al linchamiento en los telediarios. Porque Garzón, insisto siempre, no instruye sumarios sino telediarios.

En mi opinión, ambas versiones tienen razón y ambas se equivocan. Por ese imperativo legal que a veces alcanza incluso a Garzón, la imputación de aforados nacionales o regionales supone automáticamente la inhibición del juez llamado natural en favor de la jurisdicción superior. Aunque tarde y mal, chuleando a la Fiscalía Anticorrupción y perpetrando el destrozo de rigor, Garzón ha corneado cérvidamente, es decir, con varias y cruzadas trayectorias, a dirigentes del Partido Popular y puede entregar el caso y las piezas cobradas en su cacería a los Tribunales Superiores; y decir: misión cumplida. Pero como se trata de una trama delictiva que medró en la organización del PP en la Era de Aznar (también Rajoy, su jefe de campaña electoral en 2000) en la propia sede de Génova 13, aunque luego ramoneara por las autonomías madrileña y valenciana, no le será difícil a Garzón recibir, recabar o pedirle a Rubalcaba a través de su policía judicial algún indicio que le permita reabrir los sumarios que con el Supermagistrado o Infrajuez nunca están cerrados del todo. Como mínimo, entreabiertos. Como máximo, semicerrados. Y no importa que Freddy el Químico le prometa a Cospedal que la pieza política a cobrar es sólo Esperanza Aguirre, en cuya frustrada cacería ha participado el Ministerio de la Oposición, sito en Génova, tanto como los de Interior y Justicia, sitos por ahí. El mecanismo garzonita de linchamiento judimediático es el de siempre. Y la actitud acobardada, cuando no desleal, del PP para con los suyos, también.

Garzón existe todavía y sigue encausando en vez de ser encausado porque el PP aceptó y asumió plenamente la politización, es decir, la corrupción de la Justicia. Michavila no la firmó por casualidad, sino porque tal honor merecía tal señor. Pero la responsabilidad es de Aznar y Rajoy. Y la pagamos todos. Aunque las facturas se las endosen a ellos.