Sentenció Artur Mas: "La presidencia de la Generalitat no es una subasta de pescado". Pues ahora se comprueba que sí lo es. De pescado podrido, para colmo, al cabo de tres meses de negociaciones entre mercachifles mal avenidos. Lo vendían dos socios que, ya antes de juntarse para el sí, intercambiaban puñaladas traperas, y que después de comprobar que el lote estaba incompleto iniciaron tratativas tortuosas para sumar un tercer socio, minoritario pero ensoberbecido. Y el pescado se seguía pudriendo.
El desprecio por el público que sería el destinatario final del producto averiado era obvio y se reflejaba en la retórica equívoca que empleaban los vendedores. Todos alababan los valores dietéticos del pescado y afirmaban que su consumo haría más felices a los clientes potenciales. Pero unos hacían hincapié en la solvencia de su marca comercial, otros en el hecho de que estaban especializados en la venta de pescado desde tiempos lejanos y el grupo minoritario acusaba a los solventes de haberse enriquecido con malas artes y se comprometía a destituir al representante de las clases privilegiadas para poder repartir el producto equitativamente.
La subasta ha terminado. El representante de las clases privilegiadas ha sido reemplazado por otro servidor de los mismos intereses. Los justicieros introdujeron dos socios en la lonja y pactaron purgar, como acostumbran a hacerlo estos rebeldes acomodaticios, a quienes se tomaron en serio la pureza de los principios anticapitalistas. Lo que no implica una garantía de que estos anarcobolcheviques, expertos en el doble juego, no repescarán mañana, con mayor virulencia, su programa totalitario.
Pero el pescado está podrido y el hedor ahuyenta incluso a quienes promovieron la subasta. Los más clarividentes, que todavía quieren salvar el negocio, invitan a recuperar el sentido de la realidad. Sobre todo después de que Artur Mas incurrió en la estulticia de confesar que el acuerdo "corrigió aquello que las urnas no nos dieron". Escribe el predicador Francesc-Marc Álvaro (LV, 10/1):
Más allá de este giro de guión, los partidos independentistas y las entidades se equivocarían si no asumen de manera adulta que el proceso necesita más músculo y menos velocidad: debe cambiar el ritmo y tiene que ampliar la base social partidaria de la secesión, porque un 48% es una cifra muy importante pero insuficiente para saltar la pared.
Y lo remacha el editorial del diario que durante mucho tiempo puso su cabecera al servicio de la fractura social en Cataluña (LV, 10/1):
Tras el acuerdo de ayer, por mucha retórica que lo revista, no hay sino el empecinamiento de una serie de dirigentes apoyados por el 47,8% de los catalanes –los que votaron por el soberanismo el 27-S–, que han unido su suerte a la del procés. Sobre la base de este porcentaje, y en un a todas luces erróneo cálculo matemático, insisten en que tienen un "mandato democrático" que cumplir y desconsideran que para el resto de los catalanes –cuyo mandato democrático no es menor, ni en términos cualitativos ni cuantitativos– la prioridad es distinta.
Artur Mas no sólo se jactó de que el acuerdo corrigió a favor del secesionismo "aquello que las urnas no nos dieron", sino que se refirió a las elecciones anticipadas de marzo como "una posibilidad de caos en nuestro país". Después de hartarnos con la reivindicación del derecho a decidir, ahora interpreta el ejercicio de ese derecho como una amenaza de caos. Es verdad: según cuál sea la decisión tomada, es posible que sobrevenga el caos. Es el riesgo de la democracia, como está sucediendo en Cataluña y puede ocurrir en España. El antídoto no consiste en guardar las urnas bajo llave, como proponía un dictador argentino, sino en votar con la cabeza y no con las vísceras. Y en sellar un acuerdo entre las fuerzas leales a la Constitución y a la sociedad abierta.