La escandalosa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) relativa a la inmunidad parlamentaria del condenado sedicioso Oriol Junqueras se ha convertido en la piedra de toque de las humillaciones que los separatistas están infligiendo a Pedro Sánchez.
Cómo extrañarse, pues, de que los líderes de ERC exijan ahora un gesto al Gobierno través de la Abogacía del Estado, a la que pretenden arrancar un pronunciamiento alineado con el fallo –nunca mejor dicho– del TJUE.
La vicepresidenta de Sánchez, Carmen Calvo, se ha apresurado a exhibir las tragaderas del Gobierno ante los golpistas y ha asegurado que el Ejecutivo está estudiando la mejor manera de "ayudar" a que se cumpla la aberrante sentencia del TJUE.
Las intolerables presiones del Gobierno a la Abogacía del Estado están siendo formidables. No de otra forma se explica que no se registrara este mismo lunes el escrito solicitado por el Tribunal Supremo, a pesar de que estaba anunciada su tramitación. El Tribunal Supremo será, sí, el que decida sobre el fondo de una cuestión que parece clara, pues la inmunidad parlamentaria no opera cuando ha habido una condena en firme que, como es el caso, lleva aparejada la inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo de representación política.
Pero los separatistas quieren un gesto que demuestre a sus huestes hasta qué punto tienen en su mano el destino del Gobierno de España.
Con sus concesiones, Sánchez se ha convertido en la marioneta de un hatajo de golpistas en ejercicio y en un presidente del Gobierno que está destrozando el prestigio internacional de España. Por eso aciertan PP y Ciudadanos al poner en marcha toda una serie de iniciativas judiciales y políticas para impedir que Sánchez y sus socios sediciosos se salgan con la suya.