El presidente del Gobierno intervino ayer en un foro empresarial en el que también tomó parte Artur Mas, aunque éste tuvo especial cuidado en no coincidir con Rajoy. La descortesía del dirigente regional no puede sorprender, dado el rechazo de los nacionalistas a tomar parte en actos con presencia de autoridades del Estado. Su fanatismo separatista les lleva a cometer estas tropelías impropias de individuos con ese nivel de responsabilidad. Por otro lado, el aluvión de visitas institucionales a Cataluña, en las que no se dice ni una sola palabra sobre el proyecto secesionista impulsado por las autoridades locales, es el reconocimiento de que la única estrategia del Gobierno es contemporizar con un problema cuya gravedad no hace sino aumentar con el paso del tiempo.
A la vista de la manera en que Rajoy ha decidido obviar cualquier decisión sobre la rebelión planteada por el Ejecutivo regional catalán, parece claro que la única política del Gobierno de España es seguir ganando tiempo, con el objetivo de agotar la legislatura sin tener que hacer frente a su responsabilidad. El presidente se limita a afirmar en sus intervenciones públicas que la operación secesionista de Mas no se consumará, pero evitando cuidadosamente explicar qué tiene previsto hacer para garantizarlo. La proximidad de las elecciones al Parlamento Europeo es otro factor que está contribuyendo a que la paralización de Rajoy sea todavía más notoria, en la esperanza que un mal resultado para CiU contribuya a calmar los ánimos de sus sectores más levantiscos, liderados por el propio Artur Mas.
La suposición de que el nacionalismo se va a apaciguar ante un rechazo electoral en los comicios europeos choca frontalmente con su trayectoria más reciente, en la que los retrocesos de las formaciones mayoritarias han sido más que compensados con un aumento del apoyo a los sectores más radicales. A efectos secesionistas, tan importante como el liderazgo de Mas es el apoyo granítico de ERC y las organizaciones civiles creadas al abrigo del presupuesto autonómico, dos factores que no van a desaparecer por más que CiU no cumpla sus expectativas electorales el próximo 25 de mayo.
La creencia de que un castigo en las urnas va a solucionar la crisis abierta por los nacionalistas catalanes es un ejercicio de voluntarismo de un Rajoy decidido a no asumir su responsabilidad. En su Gobierno ya se ha abierto un debate sobre la necesidad de tomar decisiones ante la situación de abierta rebeldía de las instituciones catalanas. No se trata de una operación que haya que acometer con dramatismo. Se trata simplemente de cumplir y hacer cumplir la ley con los instrumentos que la Constitución pone al alcance del Gobierno precisamente para garantizar ese objetivo esencial.