El ministro de Justicia ha confirmado este jueves lo que era un secreto a voces desde hace tiempo: que el Gobierno no está dispuesto a impedir que el domingo el independentismo catalán haga una demostración de fuerza con un referéndum que, si bien no tendrá ninguna validez jurídica, sí será un inmenso acto de propaganda.
Un acto de propaganda que no es sino la continuación de una campaña que tanto tiempo lleva desarrollándose en la educación, la cultura, los medios de comunicación, la política, la calle… y que ha estado promovida, subvencionada e impulsada por los poderes públicos, que han invertido en ella una ingente cantidad de esfuerzo y dinero.
Es sencillamente ridículo, por tanto, plantear, como hace Catalá ahora –a 48 horas de que se celebre–, que el referéndum podría llevarse a cabo por algún organismo independiente de la Generalidad, porque ha sido la Generalidad quien ha propuesto, puesto en marcha, ideado y pagado tanto la consulta inicial como el mal llamado nou nou; lo ha promovido e incluso ha diseñado la tramposa doble pregunta que ahora unos presuntos incontrolados propondrán a los catalanes.
En este sentido, que el ministro relacione lo que sería un acto de fuerza ilegal con la "libertad de expresión" o con "movimientos populares" parece un doloroso sarcasmo, pues se trata de un movimiento y una campaña que se han basado en la intimidación y la proscripción social del discrepante, y que ha llevado a muchas personas a abandonar Cataluña.
Lo que no se puede negar al Gobierno de Rajoy es coherencia en este asunto: más allá de lo que haya podido decir este jueves el ministro Catalá, el Gobierno lleva al menos dos años demostrando que no tiene voluntad real de impedir una grosera violación de las leyes: si realmente tuviese esa voluntad ya hace mucho que habría aplicado el artículo 155 de la Constitución, pensado para infracciones muchísimo más leves que un referéndum independentista y que si no se aplica cuando un presidente autonómico promueve la ruptura de la nación no parece que se vaya a aplicar jamás.
Lo de menos, en suma, es que vote mucha o poca gente, en un colegio o en una plaza de pueblo; lo realmente sustantivo es que a un individuo que está dando un golpe de Estado se le permita seguir manteniéndose al frente de una institución cuya legitimidad emana precisamente del Estado.
Podrían atribuirse las declaraciones de Catalá a un error del ministro o a la típica malinterpretación, en la que, curiosamente, habrían coincidido prácticamente todos los medios, pero lo cierto es que el recientemente nombrado titular de Justicia demuestra con su intervención ser un hombre de Soraya Sáenz de Santamaría, impulsora principal de todos los acuerdos vergonzosos a los que aspira el Gobierno y, sobre todo, de esa "vía del pacto" que pretende, aún, contar con el apoyo de CiU en un futuro.
Por último, tampoco hay que atribuir esta solución de emergencia para Mas a la improvisación: que el referéndum podría desarrollarse a través de terminales del poder político en la sociedad civil como la ANC u Òmnium era una posibilidad que se barajaba desde hace meses, pero en este asunto lo importante es, como se decía en la famosa escena de Todos los hombres del presidente, seguir "la pista del dinero". Y ponga quien ponga las urnas este domingo, la pista del dinero que las ha pagado lleva a dos palacios: el de la Generalidad, en el que se ha decidido que todo esfuerzo es poco para el 9-N, y el de La Moncloa, donde se ha decidido que todo esfuerzo es poco para mantener a los inquilinos del anterior.
