Con Pedro Sánchez en la presidencia del Gobierno no parece haber límites al deterioro del orden constitucional y el Estado de Derecho. La más reciente prueba es el borrador de la nueva Ley de Seguridad Nacional, con la que el caudillo socialista quiere eludir, "si existen razones de urgencia o de oportunidad que así lo exijan", los controles propios de una democracia liberal para arrogarse plenos poderes, al modo totalitario.
Así, la simple declaración por parte del presidente del Gobierno de "una situación de interés para la seguridad nacional" le permitirá, según señala el borrador al que han tenido acceso varios medios de comunicación, cosas tales como acceder a "todos los recursos disponibles de las Administraciones públicas afectadas"... e incluso a los que estuvieren "en manos de particulares". Además, cualquier individuo mayor de edad estaría "obligado" a cumplir las ordenes de las autoridades competentes y a realizar "prestaciones personales" sin derecho a indemnización. Por si fuera poco, se contempla la suspensión de la Ley de Transparencia y se estipula que "los medios de comunicación colaborarán con las autoridades en la difusión de informaciones preventivas y operativas" en estado de crisis.
La Constitución ya contempla estados excepcionales, como los de alarma, excepción y sitio (antes conocido como estado de guerra), que no dotan de tan amplios poderes al jefe del Ejecutivo y que exigen mayorías cualificadas en el Congreso. Y es que lo más bochornoso de esta intentona de cariz fascista o comunista no son ya los poderes omnímodos que se confieren a un presidente del Gobierno devenido dictador, sino el derecho de éste a decidir, con absoluta arbitrariedad, qué es y qué no es una "situación de emergencia" o una "situación de interés para la seguridad nacional".
Hace bien Vox en anunciar su disposición a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra este proyecto tan clamorosamente contrario a la Carta Magna. Si Sánchez aspira a sacarlo adelante es porque no pierde la esperanza de llevar del ronzal al PP a una artera renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional que, lejos de restablecer la independencia del Poder Judicial, aún lo haga más dependiente y servil del poder político y dé carta de naturaleza a esta aberración propia del régimen chavista que padecen en Venezuela.
El PP debe plantarse y exigir de forma insistente al Gobierno que ponga fin a la interinidad que se vive en el Poder Judicial bajo la innegociable premisa del restablecimiento de su independencia. Es la democracia lo que está en juego.