El presidente del Gobierno finalmente ha accedido a rendir explicaciones sobre las sospechas de corrupción que afectan a su partido y en los próximos días comparecerá a tal efecto en el Congreso a petición propia. El clamor de la oposición en pleno, así como de una parte importante de la sociedad española a tenor de las encuestas publicadas por algunos medios, ha forzado a Rajoy a tomar una decisión que ha venido postergando innecesariamente, con el coste que ello ha supuesto para la imagen del Partido Popular y muy especialmente la suya propia.
De poco sirve esgrimir la inexistente legitimidad moral de partidos como PSOE, IU o CiU, implicados directamente en escándalos de corrupción no menores que el caso Bárcenas, cuando no se es capaz de tomar la iniciativa en un asunto que toca muy de lleno a la credibilidad que el Gobierno y su partido han de ofrecer a los ciudadanos. Rajoy ha dejado pasar demasiado tiempo para explicarse ante el parlamento desde que el extesorero del PP –y su hombre de confianza– le implicara en el cobro de sobresueldos ante el juez Ruz, y eso es algo que los socialistas, expertos en la manipulación de la opinión pública, han aprovechado para montar una de sus acostumbradas operaciones de agitprop.
La dimensión meramente táctica de la petición de comparecencia que el PSOE ha venido esgrimiendo estos días insistentemente ha quedado de manifiesto con las aclaraciones que la número dos del PSOE ha ofrecido tras conocerse la decisión de Rajoy. Elena Valenciano, en efecto, ha confirmado que los socialistas seguirán acusando de corrupción al presidente del Gobierno y pidiendo su dimisión, sea cual sea el contenido de la sesión parlamentaria. En un momento de la instrucción judicial del caso en el que todavía no se ha sustanciado ninguna imputación formal y en el que sólo pesan meras sospechas basadas únicamente en unas notas tomadas por un presunto corrupto, es evidente que cualquier petición de dimisión es claramente extemporánea. Sin embargo, el escándalo provocado por un caso en el que se investiga la presunta financiación ilegal del partido del Gobierno y los supuestos sobresueldos de algunos de sus dirigentes, tiene suficiente entidad política como para que la oposición lo deje de lado sin intentar sacar los réditos oportunos.
Mariano Rajoy, con su ya habitual inacción ante los problemas acuciantes, ha servido en bandeja a los socialistas una ocasión de oro para desviar el foco de la atención pública sobre sus propios casos de corrupción, estos sí evidentes y con imputados del más alto nivel, y sea cual sea el grado de veracidad de sus explicaciones en el parlamento es claro que el daño para la imagen de su partido y su gobierno va a ser más que apreciable.
Tan pronto como el escándalo Bárcenas arreció a consecuencia de últimas diligencias judiciales y el PSOE amenazó con una moción de censura dijimos que la única opción válida para salir de este marasmo paralizante era que Rajoy planteara en ese mismo momento una cuestión de confianza. El presidente del Gobierno ha decidido seguir manejando los tiempos a su criterio, insuperable según la prensa más afín, y por más que se esfuerce ahora en ofrecer una imagen de firmeza en el Parlamento va a ser difícil que los españoles no sigan viendo en Rajoy a un político que continúa a remolque de las circunstancias. Desde luego, él solo se lo ha buscado.