El artículo 116.2 de la Constitución no puede ser más claro:
El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo.
Si se tiene bien presente este artículo, sorprende el leve desagrado que ha suscitado en el PP y en Ciudadanos la pretensión ya no sólo liberticida, contraproducente y empobrecedora sino manifiestamente inconstitucional del Gobierno social-comunista de imponer un estado de alarma de seis meses de duración. Y es que despachar este atentado contra el orden constitucional con calificativos tales como “innecesario” o “exagerado”, tal y como han hecho el supuesto líder de la oposición y los representantes de Ciudadanos, deja en segundo plano lo más grave de este nuevo estado de alarma, y es su clamorosa ilegalidad mientras no se reforme la Carta Magna.
Dicho esto, y aun cuando el estado de alarma se estableciera por quince días y fuera prorrogado cada quince días –tal y como obliga la Constitución y tal y como se hizo con motivo de la primera oleada del coronavirus–, sorprende que el principal partido de la oposición contemple la posibilidad de volver a respaldar lo que terminó rechazando como un error; error evidenciado por el hecho de que España tuvo uno de los peores impactos del coronavirus a pesar de ser uno de los países con políticas más restrictivas para la ciudadanía. No se cuestiona que en la lucha contra una pandemia no se pueda restringir –parcialmente, por plazos tasados y bajo la permanente fiscalización del Parlamento– la libertad de los ciudadanos. Pero parecía que el partido de Casado se había dado cuenta de que entre el estado de alarma y no hacer nada hay un punto intermedio, y que el ordenamiento jurídico permite adoptar multitud de medidas sin tener que recurrir –y menos aún de forma inconstitucional– al estado de alarma.
No menor perplejidad causa la leve oposición del supuesto líder de la oposición ante las alarmantes políticas de aumento del gasto, de la deuda y de la presión fiscal que anuncian los Presupuestos Generales del Estado presentados al alimón por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Desde el primer momento, parecía evidente que la pandemia requería tanto una bajada de impuestos como una reducción y reorientación del gasto público. El mayor desembolso en Sanidad y en el pago de los ERTE y los ya preocupantes niveles de endeudamiento público alcanzados antes de la pandemia obligaban a un ejercicio de austeridad en otras partidas para recurrir al endeudamiento lo mínimo posible.
Sin embargo, este Gobierno está decidido a gastar más que nunca; como si en lugar de sufrir una paralizante pandemia nos hubiera tocado la lotería; como si la prodigalidad fuera una virtud y la austeridad un vicio. Así, no sólo no reduce un solo impuesto sino que, con la recurrente y mendaz excusa de que 'sólo afectan a los más ricos', plantea subidas en Sociedades, el IRPF, el IVA y Patrimonio, mientras reduce la desgravación fiscal de los planes de pensiones e introduce contraproducentes controles de precios en los alquileres, haciendo que este mercado tenga aún menos seguridad jurídica de lo que ya padece.
La mendaz excusa de que sólo van a por 'los ricos' no aguanta el menor contraste y, desde luego, no puede ocultar que el Gobierno social-comunista no baja los impuestos ni siquiera a los más pobres, ni que nos está endeudando a ritmos nunca vistos, haciendo caso omiso al condicionado que nuestros socios comunitarios establecieron a cambio de sus préstamos.
Así las cosas, no es de extrañar que España siga a la cola de los países desarrollados en la gestión económica y sanitaria de la crisis y padeciendo unos recortes de derechos y libertades muy del gusto de los criminales que detentan el poder en Venezuela, tan admirados por el vicepresidente Iglesias.