A medida que se acerca el inicio de la campaña electoral para las elecciones regionales catalanas, en las que paradójica e indignamente participarán los partidos separatistas golpistas, se intensifican los ataques contra los que defienden la Constitución de todos y la unidad de España. El suceso más siniestro hasta el momento ha tenido lugar en las inmediaciones de Vic, uno de los feudos separatistas: al repugnante estilo de los psicopáticos cárteles mexicanos de la droga, unos terroristas colgaron de un puente de la C-17 unos muñecos colgados de los pies con los logos impresos de los tres partidos constitucionalistas que concurren al 21-D.
Pocas horas después se supo que el terrorismo separatista trató igualmente de incendiar la casa de una familia de la localidad de Balsarenys, gobernada por la CUP, que lucía en el balcón una bandera española. La intervención de los bomberos y los servicios de emergencia evitó que sucediera una tragedia en la vivienda, en la que residen tres niños, el menor de ellos de sólo dos años.
Ante estas nuevas muestras de odio terrorista a España, los medios de comunicación alineados con los golpistas no sólo no han informado como es debido, sino que –en el caso de Vic– han incurrido en prácticas de manipulación y desinformación muy propias de los medios que simpatizaban o directamente formaban parte de la organización terrrorista separatista ETA: sembrar dudas sobre la autoría y subrepticiamente apuntar contra el Estado español. Esta es la clase de basura que ha financiado el separatismo con el dinero de todos durante tantos años. La clase de basura que no debe recibir un solo euro más de las arcas públicas españolas.
Mientras se desarrolla esta campaña de amedrentamiento terrorista al demócrata, el Gobierno de Mariano Rajoy pretende hacer creer a todos los ciudadanos que la situación en Cataluña es de completa normalidad. En todo caso, se trataría de esa normalidad infame previa a la intervención de la Administración regional como consecuencia del golpe de Estado perpetrado desde sus instituciones por el indeseable Carles Puigdemont y sus indeseables consejeros. Una normalidad indigna de una democracia y un Estado de Derecho dignos de tal nombre. Una normalidad anormal que hacía perentoria la aplicación del artículo 155 de la Constitución para la restauración de las libertades en Cataluña.
Para que el cambio sea posible en Cataluña, el Gobierno tiene la obligación de expulsar del espacio público a los golpistas y perseguir con toda la contundencia a los terroristas que tratan de imponer la dictadura del miedo. En su memorable discurso de octubre, el Rey aseguró a los catalanes defensores de la Constitución y de la unidad de España que no estaban solos. No hay la menor razón para no llevar a los hechos esas palabras, que fueron tan necesarias.