La felonía perpetrada la semana pasada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez al aceptar públicamente una de las más bochornosas exigencias que las formaciones golpistas catalanas le habían planteado a cambio de su apoyo a los Presupuestos –admitir la figura de un mediador en una negociación bilateral entre el propio Gobierno de Sánchez y la Generalidad del execrable Torra– no puede ni debe dejar en un segundo plano el hecho de que estos Presupuestos constituyen en sí mismos una vergonzosa forma de tratar de comprar el apoyo de los golpistas. Así, recuérdese que pretenden destinar a Cataluña nada menos que 2.251 millones de euros, es decir, un 67% más que en 2018.
Si se tiene presente que –año tras año desde 2012– el Ejecutivo de Rajoy ya trató de aplacar a los liberticidas separatistas elevando sensiblemente las partidas presupuestarias destinadas a la Generalidad –por no hablar de que Cataluña ha sido, con gran diferencia, la gran beneficiaria de la financiación extraordinaria a cargo del FLA–, se puede entender aún mejor el escandaloso hecho de que Sánchez mantenga congelada la dotación presupuestaria para la Comunidad de Madrid en torno a los 1.240 millones de euros o que reduzca la de Galicia de 937 millones a sólo 757.
Así las cosas, no se puede decir que la ministra de Hacienda, la bochornosa María Jesús Montero, haya mentido este martes en el Congreso cuando ha recordado a los separatistas –especialmente al representante de ERC– la pila de millones y el aumento de inversión en Cataluña que contemplan estos nefastos Presupuestos con los que estérilmente trata de comprar su apoyo. Cuando miente la ministra, y además descaradamente, es al decir que de esta mayor dotación presupuestaria se van a ver beneficiadas todas las autonomías por igual.
Lo cierto es que estos Presupuestos constituyen en sí mismos un abominable acto de deslealtad a la Nación y al conjunto de la ciudadanía para privilegiar a una Administración regional como la catalana, en abierto desafío al orden constitucional desde 2012. Eso, por no señalar que, en su conjunto, abocarían una aún mayor presión fiscal y a un mayor nivel de endeudamiento, lo que no vendría sino a incrementar los claros síntomas de desaceleración que ya presenta la economía nacional.
No va a ser la firmeza del Gobierno ante los nacionalistas ni aquel compromiso de Sánchez de celebrar elecciones nada más desbancar a Rajoy lo que vaya evitar a los españoles estos nefastos Presupuestos y haga inevitable el adelanto electoral. Paradójicamente, son la insaciable radicalidad y el maximalismo de los golpistas lo que va a librar a los españoles de unas cuentas públicas letales y a brindarles, muy probablemente, la posibilidad de elegir un nuevo Gobierno en abril. Eso, claro está, si al presunto autor de Manual de resistencia no le da por resistir aferrado a la poltrona hasta 2020 prorrogando los Presupuestos, tal y como ya hiciera en el pasado.
Sea como fuere, queda demostrado por enésima vez que no se debe intentar contentar al que no se va a contentar. Y esto es precisamente lo que ha tratado de hacer Sánchez, para colmo con los golpistas, ya sea mediante unos Presupuestos con aspecto de soborno, ya sea con la aceptación del chantaje del mediador ridículamente maquillado como relator.