Cuatro años después de que Mariano Rajoy y Carles Puigdemont se reunieran en la Moncloa para poner en marcha la llamada operación Diálogo entre el Gobierno de España y la golpista Administración autonómica catalana –operación que en realidad pilotarían Soraya Sáenz de Santamaría y Oriol Junqueras–, Pedro Sánchez ha mantenido con Quim Torra este miércoles la primera reunión formal de la aun más eufemística y repugnante mesa de diálogo, que se ha escenificado con toda la pompa de un gran acontecimiento y la asunción de una negociación bilateral de igual a igual.
Si aquella infausta y apaciguadora operación Diálogo se tradujo en una paulatina retirada de cargos por parte de la Fiscalía contra los golpistas del 9-N, en un millonario auxilio financiero a la Generalidad en rebeldía a cargo del Fondo de Liquidez Autonómica y en unas nauseabundas ofertas de reforma estatutaria y constitucional por parte de algunos ministros de Rajoy como José Manuel García Margallo o Rafael Catalá –concesiones y gestos que no evitarían que se perpetraran una nueva consulta secesionista (el 1-O) y la ulterior declaración unilateral de independencia–, la mesa de dialogo de Sánchez y Torra abocan a España, entendida como nación y como Estado de Derecho, a peligros aun mayores.
Téngase en cuenta que Torra ha planteado a Sánchez, con todavía mayor claridad y crudeza con que lo hicieron Puigdemont y Junqueras a Rajoy respecto al 9-N, que el objetivo de la mesa no es otro que la impunidad de los golpistas presos por el 1-O y el mal llamado 'derecho de autodeterminación'. A eso hay que añadir que a la envilecedora mesa de diálogo, a diferencia de la operación Diálogo, no la sustenta tanto la apaciguadora, temeraria e irresponsable cobardía de un presidente del Gobierno, sino el incluso más preocupante interés y la imperiosa necesidad de Pedro Sánchez de sostenerse en el poder y de aprobar los Presupuestos con el apoyo de los secesionistas. A eso hay que añadir que Sánchez, a diferencia de Rajoy, ya ha considerado públicamente que España es, en realidad, un "Estado plurinacional". Eso, sin olvidar que el Ejecutivo de Sánchez, a diferencia del que presidiera Rajoy, tiene en su seno a un vicepresidente y a varios ministros –todos los podemitas– abiertamente partidarios tanto de la impunidad de los golpistas como del derecho de autodeterminación.
Con todo, y sin que ello sirva para rebajar la alerta y la preocupación, hay también motivos para la esperanza. Y es que, a diferencia de esa España dormida que asistía entre incrédula e hilarante a las primeras fases del inconcluso proceso golpista iniciado por Artur Mas, ahora buena parte de la clase política y mediática se muestra alerta y combativa contra todo intento de tratar de contentar a los secesionistas, intento siempre contraproducente pero que en el caso de Sánchez llega al extremo de la complicidad. Ahora tenemos al frente de la oposición a un PP liderado por Pablo Casado, absolutamente regenerado en lo que aquí nos ocupa y que denuncia, con la gravedad y firmeza necesarias, esta humillación y este intento de descuartizamiento de la soberanía nacional al servicio del separatismo. También tenemos un Ciudadanos mucho más despierto que antes y, sobre todo, a una formación como Vox que, siempre alerta y combativa, ha pasado de no tener representación parlamentaria a ser, con 50 diputados, la tercera fuerza política del país.
Es precisamente la unidad de esas fuerzas constitucionalistas, su disposición a combatir esta felonía judicial y políticamente, tanto en la calle como en el Parlamento y en los medios de comunicación, la única esperanza para superar el más grave desafío al que se enfrenta España como nación y como Estado de Derecho.