Mientras el Gobierno de Sánchez mira hacia otra parte, el tripartito secesionista catalán prosigue su tolerado golpe de Estado y ha aprobado en el Parlamento regional una resolución clamorosamente ilegal que, de hecho, ya fue suspendida por el Tribunal Constitucional el pasado día 5 y en la que se rechaza la sentencia del Supremo sobre el 1-O, se reprueba a la Monarquía y se defiende el mal llamado "derecho de autodeterminación".
Siendo gravísimo este nuevo desafío al orden constitucional de ese Parlamento en rebeldía copado por golpistas, aún lo es más que ningún miembro del Gobierno ni del PSOE hayan salido a la palestra para condenarlo e instar a la Fiscalía a que promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes para procesar al presidente de la Cámara, el descalificable Roger Torrent, por su enésima desobediencia.
Tampoco han hecho la menor declaración en contra de la chantajista condición que los golpistas de ERC han planteado a cambio de su abstención en la investidura de Pedro Sánchez: una negociación de igual a igual entre el Gobierno de España y el Gobierno regional catalán para abordar la radicalmente ilegal autodeterminación de Cataluña y una ominosa amnistía para los presos que lideraron el golpe de Estado en octubre de 2017. Para colmo, el felón Sánchez calla ante el hecho de que el PSC ha hecho suya una reivindicación claramente inconstitucional como la disparatada consideración de Cataluña como "nación" y de España como "Estado plurinacional".
Así las cosas, es evidente que Sánchez ya está pagando con su inadmisible pasividad por una abstención de ERC a su investidura... sin tener siquiera garantías de que con ello vaya a conseguirla. Y por disimular estas cesiones ante el golpismo –y para lograr que sean suficientes para que ERC facilite el Gobierno social-comunista de Sánchez e Iglesias– es por lo que el PSOE ha filtrado la posibilidad de unas terceras elecciones el próximo 29 de marzo, sin reparar en que la fecha de esas hipotéticas generales estaría en función de cuándo se produjera la fallida investidura del candidato socialista.
Esos nuevos comicios serían mejor para España que un Gobierno vicepresidido por Iglesias y con varios ministros de la ultraizquierda podemita. Sin embargo, está por ver que la insaciabilidad lleve a los separatistas a la extrema estupidez, desde el punto de vista de sus propios intereses, de votar, junto a PP, Vox y Ciudadanos, en contra de la formación de un Gobierno integrado por una extrema izquierda partidaria del derecho de autodeterminación.
Ya resultó lamentable que los partidos ubicados a la derecha del PSOE no vieran como mal menor un Gobierno en solitario de Pedro Sánchez, antes que uno integrado por Podemos. Pero lo paradójico es que, como inexorable consecuencia de lo anterior, lo único que pueda ahora evitar ese Ejecutivo letal para la recuperación económica y para la continuidad de España como nación y como Estado de Derecho sea un separatismo incapaz de entender que jamás logrará un Gobierno más permisivo y benéfico para sus intereses que el que quieren conformar Sánchez e Iglesias.