Por si hubiera alguna duda de la complicidad del Gobierno de Pedro Sánchez con la Generalidad separatista decidida a ignorar la sentencia del Tribunal Supremo que reclama un mínimo del 25% de horas lectivas en español en las escuelas catalanas, Vox ha presentado una moción en el Congreso en la que insta al Ejecutivo a "adoptar medidas para garantizar la enseñanza del castellano en todo el territorio nacional" y, ni que decir tiene, el PSOE ha votado en contra, haciendo gala de una desfachatez y un cinismo abominables. Y es que el portavoz socialista Héctor Gómez ha afirmado, sin vergüenza, que la desobediencia del Gobierno regional de Cataluña ante las sentencias relativas a la cuestión lingüística "es una realidad con la que han convivido otros Gobiernos también, no solo los liderados por el PSOE".
Ciertamente, basta recordar los tiempos de Rajoy y aquellos en los que el PSC y CiU pactaron la primera investidura de Mas en torno al ominoso compromiso de desobedecer al Supremo, que ya en 2010 había emitido tres sentencias contra la inconstitucional inmersión lingüística, para reconocer que el escaqueo gubernamental en este asunto es cualquier cosa menos una novedad. Ahora bien, los errores, cobardías y complicidades de sus predecesores (incluidos José María Aznar y Felipe González) no dan derecho a Sánchez a reincidir en ellos. A lo único que tiene derecho es a corregir tan infame rumbo. A decir verdad, más que derecho lo que tiene es el deber de hacerlo.
Sánchez puede seguir el comprometedor ejemplo de Pablo Casado, que, lejos de la indolente condescendencia de Rajoy, se ha mostrado favorable a la intervención de la Administración catalana al amparo del artículo 155 de la Constitución si persiste en su indigna desobediencia.
Ahora bien, aunque Casado haya anunciado que, llegado el momento, acudirá a los tribunales para denunciar la desobediencia y prevaricación de los separatistas con mando en plaza en el Principado, no parece que sea suficiente para solventar un problema que radica, precisamente, en el impune caso omiso que la Generalidad hace a la Justicia. De ahí la necesidad de tomar medidas no sólo judiciales sino políticas, como la aplicación del artículo 155.
Por desgracia, todo parece indicar que el Gobierno de Sánchez, que se sostiene precisamente gracias a las formaciones separatistas, no va a cumplir las funciones que tiene constitucionalmente encomendadas, entre las que descuella la de velar por la ejecución de las sentencias. No cabe mayor felonía para complacer a unos sociópatas que no dejan de demostrar su fanatismo y su aversión por la Cataluña real, esa que tiene por lengua ampliamente mayoritaria la que tienen todas las demás regiones españolas: el castellano.