No cabe duda de que la gestión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el caso del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) sobre los préstamos hipotecarios ha sido de una torpeza con escasos precedentes que hay que achacar fundamentalmente a su presidente, Luis María Sánchez Picazo. No obstante, lo cierto es que la revisión de esta sentencia inicial llevada acabo por el pleno del Supremo ha dado lugar a una campaña contra la judicatura en general tan injusta como intencionada por parte de las fuerzas políticas que la inspiran.
Podemos ha llevado la voz cantante en esta operación contra el Poder Judicial al convocar una manifestación ante la sede del Tribunal Supremo. El fracaso de la convocatoria, coherente con la caída en intención de voto de los bolivarianos en los últimos meses, no puede pasar por alto la gravedad de estas algaradas callejeras contra los órganos judiciales.
Pero la iniciativa populista de Iglesias, por cierto, beneficiario de una hipoteca muy ventajosa para financiar su mansión gracias a esa banca contra la que despotrica, es algo que cabía descontar por anticipado dada su vergonzosa falta de escrúpulos para aprovechar políticamente cualquier conflicto social. Otra cosa muy distinta es que el partido del Gobierno de España se sume a esta campaña inaudita contra el Poder Judicial. Porque esa y no otra es la conclusión que cabe extraer de las declaraciones de altos dirigentes socialistas desde que se conoció la rectificación del pleno del Supremo de la sentencia inicial dictada por la Sala Tercera. El propio presidente Sánchez ha contribuido a este intencionado desprestigio de la judicatura elaborando a salto de mata un decreto ad hoc que solo servirá para tapar las vergüenzas de los socialistas en materia fiscal.
Porque no puede olvidarse que la izquierda es la responsable, primero de la implantación del impuesto sobre AJD en 1993 con un Gobierno del PSOE y, más tarde, del extraordinario incremento de la tasa impositiva como ocurrió recientemente en las cortes aragonesas a propuesta de los socialistas y con el voto entusiasta de los podemitas liderados por Pablo Echenique. Que unos y otros ataquen ahora a los jueces y llamen a los afectados por sus actos a manifestarse ante la sede de los tribunales es una canallada que pone de manifiesto su atroz hipocresía.
Ahora bien, esa campaña de desprestigio de nuestra Justicia a pocas semanas de que se juzgue a los golpistas catalanes no resulta casual. Más bien parece la primera fase de una operación destinada a desacreditar a los órganos judiciales encargados de castigar a los responsables de un golpe de Estado, sin cuyos votos ni Sánchez ni Iglesias serían nadie.