La intervención de las cuentas de la Junta de Andalucía en diciembre por los incumplimientos que dejó la nefasta ministra socialista María Jesús Montero cuando fue consejera de la pésima Susana Díaz fue interpretada por los partidos de la actual coalición gobernante en dicha región como una venganza del sanchismo por la pérdida del Gobierno autonómico. En aquella ocasión denunciamos la desfachatez con que Sánchez utilizaba la maquinaria del Estado para castigar a los territorios que se sacuden el yugo socialista.
La siguiente en la lista parece ser Murcia, donde el socialismo lleva fuera del poder autonómico más de un cuarto de siglo. La misma coalición gobernante que en Andalucía, PP y Cs, tiene que lidiar con la amenaza gubernamental de intervención; pero esta vez en aplicación del artículo 155 de la Constitución, previsto para atajar la sedición de Gobiernos regionales como el catalán, que, sin embargo, prosigue vulnerando las leyes con indignante impunidad.
Lo más bochornoso es que son los podemarras, los ultras que fungen de palafreneros del separatismo y se niegan a mencionar siquiera el 155 allí donde sí resulta necesario, quienes se atreven a amenazar a un Gobierno regional por el hecho de aplicar una medida que garantiza de manera efectiva el derecho constitucional de los padres a decidir sobre la formación moral de sus hijos.
Yerra gravemente Ciudadanos poniéndose de perfil en una cuestión como la del llamado pin parental, en la que se dilucida qué respuesta van a dar los Ejecutivos autonómicos a este intento social-comunista de aplastar espacios esenciales de libertad. Porque tras Murcia vendrán Madrid y, nuevamente, Andalucía, tres regiones cuyos ciudadanos han rechazado el modelo social-comunista, tan ruinoso como liberticida.
Sánchez y su banda son unos inmorales que predican el (con)federalismo desintegrador en las comunidades más amenazadas por el separatismo mientras castigan con una suerte de saña jacobina a quienes con más contundencia han respondido al mensaje de 'Más España, Más Libertad'.