El coordinador federal de IU lanzó ayer una carga de profundidad a la clase política, al advertir públicamente de un posible gobierno de coalición entre PP y PSOE después de las próximas elecciones generales. Según Lara, José Luis Rodríguez Zapatero estaría orquestando esta operación entre bambalinas con ayuda de una cierta corriente interna en el PSOE y algunos medios de comunicación, algo que el expresidente del Gobierno ha desmentido tajantemente como no era de esperar. Pero al margen de afirmaciones y desmentidos a título particular como los escenificados este sábado, resulta indudable que los recientes acontecimientos sugieren la posibilidad de un futuro acuerdo de los dos grandes partidos para mantener en pie un régimen del que ellos son los principales beneficiarios.
La crisis económica y la operación separatista de la Generalidad catalana son los dos problemas coyunturales de mayor calado a los que se enfrenta la sociedad española en estos momentos. Junto a ellos hay cuestiones estructurales de importancia capital que lastran las posibilidades de que esos dos graves asuntos se resuelvan de forma favorable a los intereses generales, como son la politización de la Justicia y nuestro disparatado e insostenible modelo territorial.
Unos órganos judiciales cuyos miembros deben el puesto a los partidos políticos no pueden garantizar la existencia de una Justicia independiente, dispuesta a sancionar con el rigor exigible los desmanes protagonizados por la clase política sin temor a represalias profesionales, tanto en casos de corrupción como en las iniciativas ilegales de órganos territoriales del Estado tal que la intentona separatista propiciada por el actual presidente de la Generalidad catalana. En cuanto al Estado Autonómico, además de haberse convertido en una fuente de problemas políticos y de crear continuas ineficiencias en la gestión de los servicios públicos transferidos, la mera existencia de diecisiete minigobiernos fraccionando el mercado nacional, compitiendo entre ellos y gastando anualmente más de un cuarto de billón de euros (casi la cuarta parte de la riqueza nacional), es una afrenta que sólo se sostiene porque los dos grandes partidos tienen decenas de miles de altos cargos que han decidido mantener aun a costa de la ruina general.
Ante este cúmulo de amenazas para la supervivencia del régimen, que el PP y el PSOE pretenden apuntalar junto a la Corona con meros retoques, hay que añadir el surgimiento de nuevos partidos a ambos lados del espectro político que amenazan a su vez con cuestionar la hegemonía de la que han venido disfrutando las dos grandes formaciones nacionales en las tres últimas décadas. No es de extrañar, por tanto, que ya hayan surgido voces anunciando un futuro pacto de gobierno entre los dos partidos mayoritarios, que otorgue carta de naturaleza política al entendimiento de facto existente entre ambas formaciones.
Un acuerdo marco de Gobierno entre los partidos mayoritarios no es necesariamente malo ni bueno, sino en función del objetivo que se pretenda alcanzar con él. De hecho, en situaciones críticas como las que atraviesa nuestra Nación hasta sería deseable un entendimiento que fructificase formalmente en los órganos ejecutivos del Estado. Pero eso sí, siempre que el objetivo fuera salvar a España; no a la casta política actual. Por desgracia, todo hace indicar que, de producirse ese eventual Pacto de Estado, las miras de los dirigentes políticos y las más altas instituciones estarán dirigidas a lo segundo en detrimento del interés general de todos los españoles.