Aprovechando su presencia en Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU, Rajoy concedió una entrevista al canal Bloomberg, especializado en economía, en la que, muy a su pesar, tuvo que dar nuevamente explicaciones sobre el escándalo de Luis Bárcenas. Las sospechas de financiación irregular en el Partido Popular difuminaron la pretensión del presidente del Gobierno de ofrecer una imagen de España en vías de recuperación que ya no va a necesitar más recortes presupuestarios, algo que su equipo debería haber previsto, dada la relevancia de un asunto que ya ha trascendido las fronteras nacionales.
Preguntado sobre la posibilidad de presentar su dimisión en caso de que se demuestre que el PP se financió ilegalmente en las últimas campañas electorales, Rajoy respondió con unos argumentos que nos obligan a rememorar las peores épocas del felipismo. "Hay cosas que no se pueden demostrar", sostuvo el presidente, por lo que a su juicio "no tiene sentido decir qué haría si no se puede demostrar". De ahí al "ni hay pruebas ni las habrá" de Felipe González cuando el asunto de los GAL estaba en todo su apogeo hay muy poca diferencia, aunque la materia del delito sea de muy distinto cariz.
Si hay pruebas o no es algo que determinará la Justicia, a cuyo fin está siguiendo las oportunas investigaciones la Audiencia Nacional. Pero, más allá de las responsabilidades penales concretas que puedan dilucidarse en su día por el uso indebido de los fondos del partido del Gobierno, es más que evidente que la financiación de las formaciones políticas representa un escándalo por sí misma, aunque el dinero recaudado pase por los canales legales apropiados.
Tal y como ha señalado el Tribunal de Cuentas en el examen del último ejercicio sometido a su escrutinio, los partidos políticos cubren la mitad de sus gastos con fondos públicos, lo que supone un desembolso de 300 millones de euros por parte de todos los españoles, mientras que las cuotas de sus militantes se limitan a cubrir menos del 13% del total anual. Si a eso le sumamos las todavía excesivas zonas de sombra existentes en cuanto a las aportaciones privadas que cada formación política recibe, no es de extrañar que se produzcan irregularidades como las que el propio tribunal detecta cada año en su informe ni que surjan casos de presunta corrupción como los protagonizados por el extesorero del PP.
La opacidad en las donaciones es una invitación al delito, y refuerza el poder de los aparatos que manejan férreamente a los partidos. La financiación se convierte así una herramienta más que les permite ejercer un control autoritario y antidemocrático. La democratización interna de los partidos políticos debe ir acompañada de un cambio radical en la financiación. Los partidos deben vivir de las cuotas de los afiliados, no de las subvenciones públicas, y las donaciones privadas que reciban deben ser transparentes y conocidas por la opinión pública.