La primera visita del presidente del Gobierno a Cataluña tras el episodio golpista del 9-N ha sido para intervenir en un acto de su partido en los sótanos de un hotel de la zona portuaria, una escena que bien podría corresponder a un acto político organizado en circunstancias de clandestinidad. En total, Rajoy ha estado dos horas en la Comunidad Autónoma cuyas autoridades se han puesto fuera de la ley al impulsar una intentona secesionista, una brevísima visita en la que sólo ha tenido tiempo para esbozar unas cuantas obviedades frente a un auditorio complacido -formado por miembros de su propio partido-, tras lo cual partió con urgencia hacia la capital de España para asistir puntualmente a una boda.
Las circunstancias en las que se ha producido esta aparición pública del presidente del Gobierno en tierras catalanas contrasta con la ostentación de los actos convocados por la Generalidad, cuyas autoridades exaltan una y otra vez su condición sediciosa junto con la parte de la sociedad catalana que comparte sus consignas o vive de sus subvenciones. A pesar de que simpatizantes del PP en Cataluña (y no pocos de sus dirigentes del resto de España) esperaban de Rajoy un acto público con personalidades relevantes de la sociedad civil y dirigentes de los movimientos constitucionalistas, el presidente del Gobierno decidió limitar su presencia en Barcelona a una intervención en un acto de partido que, por más firmeza que intentara aparentar en la forma, no deja de ser, en el fondo, un acto de servilismo que caracteriza perfectamente la estrategia de Rajoy respecto a la intentona secesionista del Ejecutivo de Artur Mas.
Desde el congreso de Valencia en 2008, en el que Rajoy renunció formalmente a las ideas y principios del PP, las esperanzas electorales de su partido se han cifrado en la pulcritud de la gestión pública y el apoyo a las capas productivas de la sociedad española para iniciar con garantías la senda de la recuperación económica. Los continuos casos de corrupción que afectan a su partido cuestionan la primera pretensión y, en cuanto a la defensa de las clases medias y los creadores de riqueza, basta con señalar el castigo fiscal sin precedentes que el Gobierno viene aplicando a discreción desde que llegó al poder para percibir claramente a qué coste y con qué garantías se está apuntalando la salida de la crisis.
Pero con ser graves los incumplimientos de su programa y la inacción ante las corruptelas de su propio partido, lo peor de la gestión de Rajoy es su transigencia con los delitos continuados que las autoridades catalanes están perpetrando contra la unidad de España y nuestra Constitución. El presidente del Gobierno ha renunciado a aplicar los preceptos establecidos en la Carta Magna para acabar con la sedición de unas autoridades del Estado, irresponsabilidad que tendrá consecuencias en el futuro probablemente irreparables. El acto cuasi clandestino de Rajoy ayer en Barcelona fue simplemente la metáfora de hasta qué punto el Gobierno se ha rendido a la tiranía del nacionalismo catalán, con cuya clase dirigente compite en mediocridad.