La primera conclusión evidente de la comparecencia de Rajoy en la Audiencia Nacional es que las acusaciones no han logrado en ningún momento hacer patentes las razones jurídicas que la justificarían.
No ha habido ninguna pregunta –ni, por supuesto, ninguna respuesta– que haya podido servir para la razón última y única que debe perseguir la Justicia: la búsqueda de la verdad. Por el contrario, sí que ha habido interrogatorios –especialmente, el del letrado de Adade– que más que por abogados parecían estar siendo realizados por políticos a las órdenes de políticos. La actuación de Mariano Benítez de Lugo –militante socialista, para más inri– no ha hecho sino rebajar el no precisamente elevado prestigio de una asociación, la referida Adade, a la que es muy difícil ver como otra cosa que un deplorable apéndice del PSOE en la Judicatura.
Sea como fuere, los principales responsables de que un tribunal tan importante como la Audiencia Nacional se haya convertido en un circo político no son los abogados de la acusación, que se han limitado a perseguir –quizá demasiado descaradamente– sus espurios fines ante un Rajoy que, conviene recordarlo, comparecía como testigo, no como acusado. Los grandes culpables son los jueces que, ellos sabrán por qué motivos, lo han permitido.
Más allá de la opinión que se tenga sobre el caso Gürtel, sobre los numerosos casos de corrupción que afectan al Partido Popular o sobre la gestión de Rajoy de estas cuestiones, este miércoles ha vuelto a quedar tremendamente claro que el de la Justicia es uno de los grandes problemas de España. Principalmente, porque parece que nadie quiere que sea lo que debe ser: un poder independiente que sirva de contrapeso al Legislativo y al Ejecutivo y se dedique a dar a cada uno lo suyo y a castigar a quienes vulneren la legalidad.
Por el contrario, son muchos los que tratan de servirse de ella y, con sus maniobras despreciables, causan un daño inmenso a uno de los poderes esenciales en un Estado democrático. Así las cosas, no es de extrañar que la Justicia sea sistemáticamente una de las instituciones que más desconfianza suscitan entre los ciudadanos.
Además, cuando se utiliza de forma torticera la Justicia para fines que no le son propios, se dificulta también la rendición política de cuentas. De hecho, probablemente Rajoy haya elevado este miércoles un poco más el muro defensivo que le separa de sus propias y evidentes responsabilidades políticas en un asunto en el que, más allá de que parece muy improbable que se pueda llegar a establecer alguna de tipo penal, aquéllas están meridianamente claras.
Tampoco ayuda en nada la reacción, claramente exagerada y evidentemente prefabricada antes de la comparecencia, tanto de Pablo Iglesias como de Pedro Sánchez. Este último ha exhibido un tono aún más dramático y emocional del que acostumbra, lo que le puede servir para ganar la batalla mediática del día a Podemos, pero a largo plazo no le ayudará a convertirse en lo que no ha sido en prácticamente ningún momento de su accidentada carrera política: un candidato creíble a la Presidencia del Gobierno.